El 30 de mayo de 2011, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, entregó al Gobierno de Costa Rica una copia del informe que figura a continuación, sobre la situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís. Posteriormente, el 2 de junio de 2011, el informe se puso a disposición de los pueblos indígenas y otras partes interesadas en Costa Rica.
El proyecto hidroeléctrico El Diquís, promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tiene por objeto la construcción de una presa y una central hidroeléctricas en el río Grande de Térraba, al sureste del país, para la producción de electricidad a gran escala. En la zona afectada por el proyecto se encuentran varios territorios indígenas reconocidos por el Estado.
La situación de las comunidades afectadas por el proyecto fue objeto de correspondencia entre el Gobierno de Costa Rica y el Relator Especial, comenzando con una carta fechada el 23 de noviembre de 2010 en la que el Relator Especial transmitía una serie de alegaciones que había recibido sobre la situación. El 27 de enero de 2011, el Gobierno de Costa Rica envió una carta al Relator Especial en la que le manifestaba su “buena disposición” a recibir su visita al país, para que pudiera evaluar mejor la situación y preparar algunas recomendaciones.
Tras su visita a Costa Rica, el Relator Especial formuló una serie de observaciones y recomendaciones sobre las medidas que, en su opinión, debían adoptarse si el Gobierno pretendía seguir adelante con el proyecto hidroeléctrico. Como se señala en el informe, el Relator Especial consideró que algunas de sus recomendaciones eran de relevancia inmediata cuando envió el informe al Gobierno y a otras partes interesadas en mayo y junio de 2011, y que se debería actuar en consecuencia en un futuro próximo.
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