GINEBRA – Expertos de la ONU* han instado hoy a los Estados a garantizar que cualquier nueva normativa que regule los fondos marinos, incluido un código sobre minería, esté firmemente basada en el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y aplique el principio de precaución.
«Los fondos marinos no son una frontera industrial, sino uno de los ecosistemas más frágiles y menos comprendidos de la Tierra, y su protección es una obligación legal en virtud del derecho internacional y la legislación sobre derechos humanos», afirmaron los expertos, antes de la31ª sesión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIF). «Cualquier marco regulador debe reflejar la obligación vinculante de los Estados de proteger el medio ambiente y el sistema climático y prevenir los derechos humanos y los daños medioambientales».
Los expertos de la ONU recordaron las recientes Opiniones Consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM ) que aclaran las obligaciones de proteger el océano y el sistema climático. En virtud del Derecho internacional consuetudinario, los Estados tienen obligaciones de proteger el medio marino y el sistema climático que se deben a la comunidad internacional en su conjunto, obligaciones que exigen una diligencia debida rigurosa. El Acuerdo sobre la Biodiversidad fuera de las Jurisdicciones Nacionales(BBNJ), que ha entrado en vigor recientemente, refuerza este marco jurídico. Todas estas obligaciones internacionales deben ser tenidas en cuenta y respetadas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Los expertos también recordaron que las empresas tienen obligaciones y responsabilidades con respecto a la protección del medio ambiente y el sistema climático, y sus repercusiones en los derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
«Los fondos marinos albergan la mayor parte del millón de especies que se calcula que hay en el océano, sustentan la biodiversidad mundial y constituyen el mayor sumidero de carbono del planeta, por lo que son fundamentales para la regulación del clima», afirman los expertos.
Advirtieron de que la explotación minera de los fondos marinos vinculada a la fiebre por los minerales críticos plantea graves riesgos para el medio ambiente, el clima y los derechos humanos. Las investigaciones científicas sugieren cada vez más que este tipo de minería podría causar daños graves y potencialmente irreversibles a la biodiversidad marina, dispersar contaminantes tóxicos, destruir los hábitats del fondo marino, liberar carbono almacenado e interrumpir los procesos de secuestro de carbono oceánico. Además, las operaciones mineras consumen mucha energía y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan la crisis climática y sus efectos adversos sobre los derechos humanos.
«Los tribunales han llegado a la conclusión de que el principio de precaución debe respetarse cuando existe incertidumbre científica sobre cómo prevenir eficazmente daños significativos o irreversibles al medio ambiente y a la salud humana de las generaciones presentes y futuras, como en el caso de la explotación minera de los fondos marinos», señalaron los expertos.
Los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los pequeños Estados insulares en desarrollo dependen en gran medida de unos ecosistemas marinos sanos para su seguridad alimentaria, su sustento y su cultura, lo que aumenta su vulnerabilidad ante posibles impactos.
«Las amenazas a las profundidades marinas son amenazas a los derechos humanos», afirmaron los expertos. «Los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y las comunidades costeras dependen de la salud de los océanos para sobrevivir. Está en juego el disfrute de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente sano, incluido un clima seguro y ecosistemas y biodiversidad sanos, así como los derechos culturales».
Subrayaron que la gobernanza de los fondos marinos debe ser transparente, integradora, participativa, basada en la ciencia y orientada a proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.
«No deben autorizarse actividades marinas que entrañen riesgos significativos para la humanidad», afirmaron los expertos. «Los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad, por lo que la gobernanza debe protegerlos sistemáticamente», afirmaron.
*Los expertos:
- Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible
- Albert K. Barume Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
- Alexandra Xanthaki Relatora Especial en el ámbito de los derechos culturales
- Damilola Olawuyi (Presidenta), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė, y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos
- Elisa Morgera, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático
- Marcos Orellana, Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos
- Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
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