Dr. Albert K. Barume

Dr. Albert K. Barume durante la apertura del panel.

Señoras y señores, tanto a quienes se encuentran en la sala como a quienes nos siguen en línea, es un inmenso placer para mí, en mi calidad de actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, darles la bienvenida a todos a este evento paralelo titulado «25 años promoviendo los derechos de los pueblos indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato».

El 25.º aniversario del mandato es un hito importante que invita a reflexionar sobre los logros, los desafíos y las oportunidades para el futuro. Hoy escucharemos a anteriores titulares del mandato, líderes indígenas, representantes gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas, y reflexionaremos colectivamente sobre los principales logros y contribuciones del mandato, celebraremos el liderazgo y la resiliencia de los pueblos indígenas, y destacaremos los esfuerzos colectivos que han impulsado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Igualmente importante es que esta es una oportunidad para que examinemos los desafíos y las brechas que aún persisten en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), de modo que juntos podamos dar forma a una estrategia con visión de futuro, fortalecer el mandato así como su relevancia y, lo que es más importante, su impacto en el mundo. No podemos dar por sentado lo que hemos logrado; es necesario salvaguardarlo.

Tenemos la suerte de contar con un impresionante elenco de ponentes que contribuirán a nuestras reflexiones, y les agradezco a todos ellos su presencia aquí. Y sin más dilación, permítanme ceder la palabra a la Subsecretaria General de Derechos Humanos, la señora Ilze Brands Kehris.

Ilze Brands Kehris

Ilze Brands Kehris durante su intervención.

Muchas gracias, Excelencias, Relator Especial Albert Barume, representantes de los pueblos indígenas, distinguidos participantes. Es un honor estar hoy con ustedes para conmemorar el 25.º aniversario del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este aniversario nos brinda la oportunidad de reflexionar y reconocer el coraje, la perseverancia y el liderazgo de los pueblos indígenas que, a menudo con gran riesgo personal, continúan defendiendo los derechos humanos.

Nos reunimos hoy en un momento que es a la vez simbólico y urgente. Hace veinticinco años, el establecimiento de este mandato marcó un cambio profundo en el sistema internacional de derechos humanos. Desde entonces, el mandato ha funcionado como un mecanismo crítico e independiente para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer la rendición de cuentas.

A través de visitas a los países, comunicaciones con los Estados y otros actores, informes temáticos, interpretación de las normas jurídicas y un compromiso sostenido con los pueblos indígenas, el Relator Especial ha abordado la discriminación estructural, ha documentado patrones de violaciones de los derechos humanos y ha ayudado a subsanar deficiencias de protección de larga data. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten graves desafíos. En todas las regiones, seguimos documentando violaciones generalizadas y, en muchos contextos, crecientes de los derechos de los pueblos indígenas, tal como hemos escuchado durante el diálogo sobre derechos humanos de esta semana en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Uno de los principales factores es la combinación de incentivos económicos y modelos de desarrollo que siguen dando prioridad a las ganancias a corto plazo por encima de los derechos humanos. Desde las minas de carbón hasta la extracción de litio, desde las concesiones madereras hasta los proyectos de infraestructura a gran escala y de energía renovable, las actividades extractivas siguen avanzando en muchos países sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. La defensa de los pueblos indígenas a menudo se presenta erróneamente como un obstáculo para el desarrollo, en lugar de como un ejercicio legítimo de derechos y una oportunidad para hacer que los procesos sean más justos y sostenibles.

Las consecuencias son graves: criminalización, detención arbitraria, desplazamiento forzado, desalojos y, en demasiados casos, asesinatos, agresiones y otras formas de violencia. A menudo en la vanguardia de la protección del medio ambiente y el liderazgo comunitario, las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a formas entrecruzadas de discriminación y violencia.

Los proyectos extractivos y los desplazamientos relacionados con el clima aumentan los riesgos de violencia sexual, trata de personas, pérdida de medios de subsistencia y obstáculos para el acceso a la salud y la educación. Este panorama sombrío refleja el incumplimiento persistente por parte de los Estados de sus obligaciones y por parte del sector empresarial de respetar los derechos humanos. Al mismo tiempo, los modelos de desarrollo obsoletos siguen marginando las culturas indígenas, los sistemas de conocimiento y los derechos colectivos sobre la tierra.

De cara al futuro, destacan tres prioridades en las que el mandato puede seguir desempeñando un papel fundamental, complementando además la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En primer lugar, ayudar a los Estados a garantizar que las leyes, las políticas y las estrategias de desarrollo se ajusten plenamente a las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas se respete tanto en la ley como en la práctica.

En segundo lugar, pronunciarse en contra de la criminalización de los pueblos indígenas y sus representantes. Salvaguardar el espacio cívico y proteger a los defensores de los derechos humanos indígenas no es opcional; es una obligación legal y moral.

En tercer lugar, destacar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluso mediante una debida diligencia significativa en materia de derechos humanos para prevenir y abordar los impactos negativos. La diligencia debida no debe, sin embargo, sustituir al consentimiento, ni puede legitimar proyectos que se lleven a cabo en contra de la voluntad de los pueblos indígenas.

Estimados colegas, amigos, este aniversario debe servir como un compromiso renovado con el mandato. Como uno de los tres mecanismos clave de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aporta un valor único, especialmente en términos de protección. El apoyo político y financiero de los Estados miembros será fundamental para garantizar el impacto continuo del mandato.

Permítanme concluir expresando mi profundo agradecimiento a los relatores especiales actuales y anteriores, incluido Francisco Calí Tzay, quien se encuentra en la sala, a los líderes y organizaciones indígenas, y a todos los socios que han colaborado de manera constructiva con este mandato durante los últimos 25 años. Su labor no solo ha promovido los derechos de los pueblos indígenas, sino que ha fortalecido el sistema internacional de derechos humanos en su conjunto.

Khaled Khiari

Khaled Khiari interviniendo en nombre de la DPPA.

Señor moderador, Excelencias, representantes indígenas, distinguidos delegados, colegas: es un honor para mí unirme a ustedes hoy en calidad de copresidente del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, en representación del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, con motivo del 25.º aniversario del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Permítanme comenzar elogiando a todos los titulares del mandato, tanto pasados como presentes, y a los socios indígenas, por su liderazgo y su impacto.

El hito de hoy nos invita no solo a celebrar los avances, sino también a renovar nuestros compromisos compartidos para promover los derechos de los pueblos indígenas. Puede servir como catalizador para profundizar la cooperación entre las entidades de las Naciones Unidas, los Estados miembros y los pueblos indígenas. Puede ayudar a garantizar que el mandato del Relator Especial siga siendo sólido, receptivo y basado en las realidades indígenas.

Para la DPPA, este mandato guarda una relevancia directa para nuestra labor de prevención de conflictos. El análisis y la labor del Relator Especial sirven de base para nuestros sistemas de alerta temprana, consolidan nuestros enfoques sensibles a los conflictos y refuerzan la mediación inclusiva y el diálogo político. A principios de esta semana, durante un evento paralelo que la DPPA copatrocinó junto con Australia, Noruega y el ACNUDH, las intervenciones de los Estados miembros y los representantes indígenas subrayaron el papel central de la gobernanza indígena, los enfoques basados en los derechos y la participación significativa en la prevención de conflictos, especialmente en contextos en los que la extracción de minerales corre el riesgo de exacerbar las tensiones en torno a la tierra, los recursos y la exclusión. Por primera vez, al tener la oportunidad de copresidir el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, la DPPA está aprovechando la coordinación a nivel de todo el sistema para convertir esta visión compartida en resultados tangibles. Creamos conciencia sobre una idea defendida desde hace mucho tiempo por los pueblos indígenas: que la paz es intrínsecamente holística.

No se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de derechos, justicia, libre determinación, integridad cultural y una relación sostenible con la tierra, los territorios y los recursos. Estas dimensiones abarcan las esferas política, social, económica, ambiental y humanitaria, y ninguna institución puede abordarlas de manera aislada. Para hacer realidad este potencial se requiere una sólida coordinación a nivel de todo el sistema.

Es aquí donde el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas puede marcar la diferencia. Mediante un enfoque colectivo, podemos mejorar la coherencia en las políticas, la programación y la promoción en todo el sistema de las Naciones Unidas. De este modo, podemos garantizar que la colaboración con los pueblos indígenas sea significativa y sostenida, incluso mediante una aplicación más coherente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Embajadora Jennifer Feller

Jennifer Feller en representación de México, Estado patrocinador del mandato.

Muchas gracias, señor Relator Especial. Mi agradecimiento también a los Secretarios Generales Adjuntos por estar aquí con nosotros, a mi aliada Ana Pérez Conguache, de Guatemala, y a la Sra. Carling por acompañarnos en este evento.

Para México, es siempre un honor copatrocinar junto con Guatemala este evento que conmemora el 25.º aniversario del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos profundamente agradecidos al Relator Especial y a su oficina por convocar este espacio de reflexión en una fecha tan significativa, que no solo marca la adopción de la resolución que dio origen a este mandato, sino que también es el Día de San Marcos en México, que da la bienvenida a la temporada de lluvias. Y la temporada de lluvias, por lo que puedo ver, también está a punto de comenzar mañana aquí en Nueva York (si es que no ha comenzado ya), lo que nos da aún más motivos para alegrarnos.

Hace veinticinco años, la creación de este mandato representó un paso decisivo en el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de las injusticias históricas que enfrentan los pueblos indígenas. Contar con este mecanismo, un mecanismo de supervisión, es muy importante para México, ya que nos ayuda a seguir dando pasos firmes para promover y proteger los derechos de nuestros pueblos indígenas.

El mandato se ha consolidado como una de las piedras angulares más importantes del sistema internacional de derechos humanos. A lo largo de estos años, el Relator Especial ha impulsado la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tuve el privilegio de estar aquí en 2007, cuando se adoptó la Declaración, como parte de la delegación mexicana.

Ha sido un hito muy importante, ya que ha permitido al Relator Especial, como complemento de esta Declaración, que sigue siendo el marco más importante con el que cuentan las Naciones Unidas para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, continuar identificando experiencias nacionales, mejores prácticas, informes temáticos y visitas a los países en ámbitos tales como el reconocimiento del derecho a la tierra, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la participación política, entre muchos otros derechos que se han ido consolidando progresivamente. Asimismo, a través de sus recomendaciones, el mandato ha orientado a muchos Estados sobre medidas efectivas para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar reparaciones integrales.

Para México, este mandato ha sido, insisto, un aliado fundamental. A nivel nacional, nuestro país también reconoce el valor del diálogo constructivo con los Procedimientos Especiales y con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación efectiva de sus recomendaciones. México acaba de aprobar una reforma constitucional del artículo 2 que no solo reafirma la importancia de garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, sino que también los reconoce como sujetos de derecho público, asegurando así su participación efectiva en la toma de decisiones.

El Presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia es el primer indígena mexicano en ocupar ese cargo. Contamos también con legisladores de los pueblos indígenas y, como tales, seguiremos enriqueciéndonos con las recomendaciones del Relator Especial y de otros mandatos que convergen en temas tan importantes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles y equitativos. Deseamos asimismo seguir fortaleciendo la cooperación entre los Estados, las organizaciones internacionales y los pueblos indígenas a fin de seguir avanzando en esta agenda y garantizar que las recomendaciones del Relator continúen traduciéndose en acciones concretas.

Debemos redoblar nuestros esfuerzos en un momento en el que, lamentablemente, estas cuestiones están perdiendo visibilidad frente a otras crisis que también han cobrado gran relevancia en nuestros debates en las Naciones Unidas. Concluyo reiterando el firme compromiso de México con este mandato y con la agenda de los derechos de los pueblos indígenas. Seguiremos trabajando muy de cerca con Guatemala y otros países aliados, así como con todos los Estados y actores aquí presentes que nos han apoyado de manera tan constante.

Ana Pérez Conguache

Ana Pérez Conguache en representación de Guatemala, Estado patrocinador del mandato.

Un saludo especial al Dr. Barume, a todos los miembros que se unen a nosotros en este panel de alto nivel, a los representantes de los pueblos indígenas y a todos los participantes. Es un honor para Guatemala participar en la conmemoración del 25.º aniversario del mandato del Relator Especial, que constituye un testimonio del éxito de la perseverancia de los pueblos indígenas y de la institucionalización de medidas que garantizan que los Estados respeten los derechos que estos han conseguido. Para Guatemala, este mandato reviste un significado especial en el marco de los Acuerdos de Paz y de los derechos a la identidad de los pueblos indígenas.

Nuestro país contribuyó a los debates que condujeron a su creación, basándose en una experiencia nacional marcada por profundas cicatrices, pero también por la esperanza, el diálogo y la reconstrucción de la paz. Las negociaciones multilaterales que dieron origen al mandato forman parte de un proceso más amplio en el que fue clave la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Este foro abrió casi dos décadas de diálogo entre los gobiernos y los mecanismos específicos de protección.

Fue en este mismo contexto donde se redactó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El camino, por supuesto, no ha sido fácil. Este aniversario no es solo un momento de celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten, recordando que se trata de un proceso continuo y compartido.

Las visitas in loco de los Relatores Especiales a Guatemala (un país diverso en el que conviven los pueblos maya, garífuna, xinca, afrodescendientes y mestizos) han revestido una gran importancia. En primer lugar, porque demuestran la preocupación de las Naciones Unidas por la situación en nuestro país. En segundo lugar, porque durante cada visita se escucha a los pueblos indígenas, y los Relatores se reúnen posteriormente con actores estatales para buscar mecanismos que permitan el cumplimiento de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales relativos a los pueblos indígenas.

Y en tercer lugar, al concluir las visitas sobre el terreno, los Relatores elaboran un informe con recomendaciones específicas. Esta buena práctica contribuye a garantizar que Guatemala y los pueblos indígenas tengan claridad respecto a los derechos y el grado de cumplimiento. Continúa la criminalización y persecución de muchos líderes indígenas, tanto mujeres como hombres.

Nos enorgullece la presencia del ex Relator Especial, el Sr. José Francisco Calí Tzay, líder indígena guatemalteco de etnia maya kaqchikel, cuya labor refleja el compromiso de Guatemala en estas áreas. En su declaración de 2020 durante las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como El pueblo maya kaqchikel y otros contra Guatemala, el Relator Especial Calí puso de manifiesto el racismo y la discriminación sistemática contra los pueblos indígenas en el ejercicio de su libertad de expresión y el acceso a las emisoras de radio comunitarias. La sentencia dictada en ese momento insta a todos los países a no discriminar a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos y pone de manifiesto el papel fundamental de los Relatores Especiales.

Guatemala reitera su apoyo al mandato y al actual Relator Especial, el Sr. Albert Barume, reconociendo su papel esencial dentro del sistema de Procedimientos Especiales. Nuestro país seguirá apoyando los esfuerzos para proporcionarle las herramientas necesarias para abordar los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en las siete regiones socioculturales.

Joan Carling

Joan Carling, defensora indígena y directora ejecutiva de IPRI.

Al conmemorar el 25.º aniversario del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no solo celebramos un hito institucional, sino que reconocemos un salvavidas. Para muchos de nosotros, como defensores indígenas, el mandato del Relator Especial ha sido uno de los pocos mecanismos a los que podemos recurrir cuando nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro se ven amenazados.

Ha habido muchos momentos en los que las intervenciones urgentes del Relator Especial han marcado la diferencia entre una injusticia prolongada y la posibilidad de la libertad. Recuerdo el caso de mi compañero defensor indígena de Filipinas, el Sr. Windel Bolinget, quien fue acusado falsamente de asesinato, un caso claro de criminalización vinculado a su labor al frente de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera en defensa de las tierras ancestrales y la autodeterminación. La declaración pública emitida por el Relator Especial en la que pedía su protección y el debido proceso fue difundida por los medios de comunicación nacionales y resultó decisiva.

Esto contribuyó a atraer la atención internacional y, en última instancia, el caso fue desestimado por falta de pruebas. No se trató solo de una victoria jurídica; fue una reafirmación de que la verdad y la justicia pueden prevalecer cuando existe rendición de cuentas. Hemos observado repercusiones similares en otros lugares.

En Guatemala, la intervención del Relator Especial fue decisiva para la liberación de un defensor indígena que había permanecido detenido injustamente durante varios años. No se trata de casos aislados. Representan el impacto real y tangible de un compromiso sostenido, de un monitoreo independiente y de un mandato que escucha las voces indígenas.

Pero, si bien reconocemos estos logros, también debemos afrontar la difícil realidad: los riesgos a los que se enfrentan los defensores indígenas no están disminuyendo, sino que se están intensificando. De hecho, mi organización, Indigenous Peoples Rights International (IPRI), fue cofundada por mí y la Sra. Victoria Tauli-Corpuz basándonos en su informe como Relatora Especial sobre la criminalización sistémica y creciente de los pueblos indígenas; y no existe ninguna organización indígena que aborde este grave problema para los pueblos indígenas a escala mundial. En todo el mundo, la carrera por la tierra, los minerales, la energía y los llamados recursos verdes se está acelerando, impulsada por la acción climática y el desarrollo sostenible. Se nos imponen proyectos de minería, agroindustria y energía renovable como si nuestras vidas y nuestro bienestar no importaran. Por lo tanto, no es de extrañar que a nosotros, como pueblos indígenas en primera línea, defendiendo nuestras tierras, nuestros derechos y nuestro futuro, y haciendo valer nuestro consentimiento libre, previo e informado, no se nos reciba con un compromiso de buena fe, sino con represión.

Los defensores indígenas son amenazados, arrestados y detenidos bajo cargos falsos. Las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo se utilizan cada vez más para silenciar nuestras voces. Nuestros territorios están siendo militarizados, lo que genera un efecto intimidatorio en el que el miedo, la intimidación y la violencia debilitan nuestra capacidad para gobernarnos a nosotros mismos y defender nuestros derechos.

Mientras seguimos defendiendo nuestros derechos, se nos tacha de criminales, de terroristas, de opositores al desarrollo. Muchos de nuestros defensores se enfrentan a detenciones arbitrarias y a la violencia, y son demasiados los que pierden la vida. En la mayoría de los casos, no hay justicia ni rendición de cuentas. Solo hay impunidad. Por eso el Relator Especial sigue siendo no solo relevante, sino esencial.

Narración del vídeo conmemorativo

Cuando nos ocupamos de los derechos humanos, no siempre es fácil ver el impacto de lo que hacemos. Una reunión aquí, una conversación allá, otro informe: ¿qué diferencia supone todo ello sobre el terreno? El 25.º aniversario del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos brinda la oportunidad de tomar distancia y observar el panorama general; de ver los avances logrados, los hitos alcanzados y encontrar la motivación y la energía que necesitamos para los próximos 25 años.

En esta misma fecha, hace 25 años, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el mandato. En aquel momento, la redacción se refería a «poblaciones indígenas», y no aún a «pueblos indígenas». El antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen se convirtió en el primer Relator Especial. Contribuyó a definir el papel del mandato mediante visitas a los países, informes temáticos y respuestas a denuncias de violaciones. Su labor se centró en los derechos sobre la tierra, la pobreza, la discriminación estructural y el reconocimiento de los pueblos indígenas, incluso en África y Asia. En aquel momento, aún no existía una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, Stavenhagen llamó la atención sobre la brecha en la implementación de los derechos humanos para los pueblos indígenas.

Rodolfo Stavenhagen, primer titular del mandato.

El profesor James Anaya fue el siguiente en ocupar el mandato. Asumió el cargo unos meses después de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que dotó al mandato de un marco normativo claro. Esto también dio lugar a un mandato renovado, en el que se ordenaba explícitamente al Relator Especial que promoviera la Declaración.

Prof. S. James Anaya, segundo Relator Especial.

El profesor Anaya realizó una enorme contribución al avance de la interpretación de la Declaración, especialmente en lo que respecta al deber de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado, y llevó a cabo numerosas visitas a países de todas las regiones del mundo para impulsar la aplicación de la Declaración, además de ofrecer una visión general de la situación de los pueblos indígenas en la región asiática. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, trabajó para fomentar la complementariedad y la coherencia entre el Relator Especial, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reunión del Relator James Anaya con la Relatora entrante, Victoria Tauli-Corpuz. 2014, Tucson, Arizona.

En 2014, Victoria Tauli-Corpuz se convirtió en la primera mujer y la primera persona indígena de Asia en ocupar el cargo. Aportó una larga experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y se centró en la puesta en práctica de la UNDRIP. Situó los derechos de los pueblos indígenas firmemente en el centro de los debates mundiales sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático y la biodiversidad, y examinó críticamente las políticas de conservación y las iniciativas de biodiversidad que perjudicaban a las comunidades indígenas. Vicky atrajo la atención mundial hacia la criminalización y los riesgos a los que se enfrentan los defensores indígenas de los derechos humanos y del medio ambiente, y planteó incansablemente la situación de las mujeres indígenas.

Victoria Tauli-Corpuz durante visita oficial a Honduras.

En 2020, Francisco Calí Tzay se convirtió en el cuarto Relator Especial, en un momento particularmente difícil durante la pandemia de COVID-19, y su primer informe importante examinó y destacó el impacto desigual de la crisis en los pueblos indígenas. También continuó el escrutinio de las políticas de conservación y relacionadas con el clima, y enfatizó los derechos de los grupos a menudo ignorados, incluidos los pueblos indígenas urbanos y móviles, las personas indígenas con discapacidad y la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial.

El Dr. Albert Barume asumió el mandato en enero de 2025, en un momento de creciente presión sobre los derechos humanos y sobre el propio multilateralismo. Su enfoque temático inicial se ha centrado en los derechos sobre la tierra y en el deber fundamental de los Estados de reconocer a los pueblos indígenas. Dada la presión y el riesgo de retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, se centra en acercar el mandato a los pueblos indígenas, entre otras cosas mediante visitas no oficiales a comunidades indígenas y mediante el establecimiento de equipos jurídicos regionales para ayudar a ampliar la capacidad operativa y el impacto del mandato. Su primera visita oficial a Botsuana en 2025 puso de manifiesto un cambio positivo en la política gubernamental sobre los pueblos indígenas, lo que situó a Botsuana como un defensor de los derechos indígenas en la región africana y más allá.

Cinco Relatores Especiales. 25 años.

La acción colectiva de estos cinco Relatores Especiales nos deja un legado impresionante desarrollado a lo largo de 25 años: 51 visitas oficiales a países e informes relacionados que, de manera detallada, analizan y ofrecen recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en esos países; 62 informes temáticos que ofrecen un análisis en profundidad y una interpretación contextual de los derechos de los pueblos indígenas; más de 1.000 comunicaciones enviadas a gobiernos, empresas y otros responsables para plantear inquietudes y exigir rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.

Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos 25 años? Hoy contamos con una Declaración que establece las normas mínimas para los derechos de los pueblos indígenas, la cual se interpreta de manera autorizada y se comprende ampliamente. El concepto de los pueblos indígenas con derecho a la libre determinación está sólidamente arraigado en el derecho internacional, y los pueblos indígenas de África y Asia gozan de un amplio reconocimiento y forman parte integrante del movimiento indígena mundial. Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas aún persisten, pero estos conocen y reclaman sus derechos tal como están reconocidos en el derecho internacional, y saben cómo utilizar el mandato del Relator Especial y otros mecanismos para reclamar justicia y exigir rendición de cuentas. Este es el impacto de 25 años de trabajo, y la base para los próximos 25.

Profesor S. James Anaya

Profesor S. James Anaya durante la mesa redonda.

Gracias, Dr. Barume, Relator Especial. Buenas tardes, ex Relator Especial Calí Tzay, Embajador. Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para mí estar aquí, y agradezco la oportunidad de mantener una conversación sobre el mandato del Relator Especial y, brevemente, sobre mi experiencia.

Una de las cosas que aprendí (antes de pasar a los desafíos) fue la importancia del apoyo de personas como las que se encuentran hoy en esta sala, en particular de los pueblos indígenas; la cooperación en todos los aspectos del trabajo, las visitas a los países, las comunicaciones, los informes temáticos y, por supuesto, la cooperación de los gobiernos fue esencial para ese trabajo. Y fueron, por supuesto, gobiernos como el de México, y el de Guatemala, debo mencionar, los que fueron clave para establecer el mandato en primer lugar.

En cuanto a los desafíos, volveré más adelante a algunos de los aspectos más destacados o las lecciones aprendidas, pero sí quiero mencionar un par de desafíos. Mencioné a los gobiernos y cómo pudieron apoyar el mandato y ayudar a ponerlo en marcha, pero muchos gobiernos también han planteado desafíos al mandato.

El mandato requiere la cooperación de diversos gobiernos para poder entrar en un país, para poder emitir un informe, incluso para hacer una declaración pública. Eso requiere cierto nivel de cooperación con los gobiernos, y eso no siempre fue fácil de conseguir, por lo que trabajar con los representantes de los gobiernos aquí en Ginebra y con otros, y establecer relaciones, fue esencial para realizar el trabajo. Es posible que muchos no sepan que, para realizar una visita oficial a un país, se requiere una invitación del gobierno; por lo tanto, como relatores, solicitamos dicha invitación. Esto puede parecer extraño, pero es lo que hacemos. Solicitamos una invitación, y a veces esa invitación no llega; por cierto, existen formas creativas de sortear esa situación, pero no es realmente lo mismo que realizar una visita oficial. Así pues, lograr ese tipo de cooperación solía ser un desafío. Además, está el enorme volumen de trabajo.

El mandato abarca los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y, como saben, y como hemos escuchado aquí en el Foro, hay problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en todos los países donde viven a diario. Hacer un uso eficaz del mandato y del cargo de Relator requirió una gran dosis de estrategia y un gran compromiso estratégico con los diferentes actores, a fin de maximizar la eficacia del trabajo.

Ahora, volviendo brevemente a lo que aprendí sobre el mandato. En última instancia, sentí que su papel más importante, al menos en mi experiencia, era servir de vehículo para elevar las voces de los pueblos indígenas. El Relator, como sin duda pueden atestiguar mis colegas, no puede obligar a los gobiernos a hacer lo correcto. Tenemos (o yo tenía, y nuestro actual relator tiene, y nuestros colegas relatores tenían) el poder de la persuasión, tal vez; pero en última instancia, depende de la cooperación de todos los interesados para que cambie el comportamiento de los gobiernos y para que cambien las cosas sobre el terreno.

Sin embargo, lo que sí entendí que el mandato permitía hacer era llamar la atención sobre las preocupaciones de los pueblos indígenas y elevar sus voces, elevarlas ante los funcionarios gubernamentales, elevarlas aquí dentro del sistema de las Naciones Unidas y ante los medios de comunicación. Pensé que eso era realmente, al menos para mí, según mi experiencia, lo que consideraba la principal contribución del Relator, algo de lo que no me había dado cuenta al comenzar y que resultaría ser una parte significativa de ese trabajo.

Sr. Francisco Calí Tzay

Francisco Calí Tzay relatando los orígenes del mandato.

Muchas gracias, Relator Especial Barume. También es un honor para mí estar aquí el día de hoy, al lado de dos grandes, no solo académicos, sino defensores de los derechos de los pueblos indígenas.

Antes de compartir con ustedes los retos, alcances y lecciones, creo que es necesario contar, en dos minutos, la historia de la formación de la Relatoría. Mucho se ha discutido sobre esto, pero quiero decirles, en menos de dos minutos, que en el año 2000 había dos personas locas en Ginebra, discutiendo en la «cafetería de la serpiente», «la Serpentine», como le llaman allá, qué pasaría cuando la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas fuese adoptada: qué mecanismo iba a revisar su cumplimiento.

Y lo quise hacer porque recordé el homenaje que el doctor Barume le hizo al doctor Rodolfo Stavenhagen, una de estas personas que murió el año pasado. Muchas de estas personas pasan al anonimato, sin que nadie sepa lo que hicieron, como también ocurrió con el doctor Augusto Willemsen Díaz, encargado de escribir el informe Martínez Cobo. Y me refiero a Mario Ibarra. Mario Ibarra estaba en Ginebra con otra persona, discutiendo esta situación, y en servilletas de la cafetería se escribió el primer borrador de la resolución para la conformación del mandato. Ese fue el primer reto.

¿Qué país iba a tomar en sus manos la resolución? Se le presentó a la misión de Guatemala, y dijeron: «¿pero están locos?». Se le presentó a la misión de México (y no es un reclamo, es historia), y nos dijeron —porque yo era el otro loco que estaba ahí—: «están locos». Fuimos con Noruega, Dinamarca, Suecia, con todos los países amigos de los pueblos indígenas en ese momento, y todos nos dijeron lo mismo: «están locos».

Hasta que llegó el ministro de Derechos Humanos de Guatemala, el doctor Víctor Hugo Godoy, y se le enseñó el borrador de la resolución. «¡Qué gran idea!», dijo. Después se le enseñó al embajador Padilla, que era el embajador de Guatemala en aquel entonces. ¿Y qué dijo? Que estábamos locos. «No —dijo el ministro—, el loco es él: es una gran idea». Y bueno, hay mucha historia detrás. Se presentó, pero no pasó en el año 2000 porque no se tuvieron los votos suficientes; se pasó con una solicitud de la entonces ministra consejera, Carla Rodríguez, para que no hubiese una moción de no acción, de modo que se pudiera abrir el debate al año siguiente.

Y al año siguiente se dio oportunidad de tener todos los consensos posibles, y se logró por consenso la creación de la Relatoría. Eso es lo que quería contar. Fue el primer reto que se tuvo. No fue en mi mandato, pero fue el primer reto. Recuerdo bien que fue bajo la presidencia del embajador Leandro Despouy, en el año 2001, cuando se logró la aprobación de la Relatoría.

¿Y cuáles han sido los retos para mí como relator? Primero, entender el mecanismo de Naciones Unidas, porque es muy distinto estar como ONG a estar dentro del sistema. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue que, en medio de la pandemia, no se podía viajar.

Lecciones: la Relatoría tiene un poder bastante grande y, como lo dijo Joan Carling, una comunicación del Relator Especial puede salvar vidas en países de América Latina, Asia o África. Esa es una lección que aprendí en 2020, con la cuestión de mantener comunicación por vía electrónica, por WhatsApp, porque no se podía viajar. Recuerdo muy bien un caso: se salvaron ocho personas que estaban encarceladas, más otras treinta y dos también encarceladas, que iban en cadena y que iban a morir. Se logró, con una gestión de 24 horas, salvarles la vida. Hay poder, y hay que utilizarlo para salvar la vida de los pueblos indígenas.

Sra. Victoria Tauli-Corpuz

Victoria Tauli-Corpuz en su mensaje en video al panel.

Hay un grupo de personas que sufren un tipo de opresión y discriminación que otros no padecen necesariamente. Y, como pueblos indígenas, somos uno de esos grupos, principalmente porque reivindicamos nuestro derecho a mantener nuestras propias identidades, hablar nuestras propias lenguas y practicar nuestras propias culturas. Y esto no ha sido considerado por los colonizadores, ni por los Estados que vinieron después de ellos, como algo compatible con el mundo dominante.

Y es por eso que los pueblos indígenas reivindicaron y trabajaron muy duro para que se redactara, negociara y, finalmente, se adoptara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo fui una de las personas que inició el proceso de redacción, y recuerdo claramente muchas de las dificultades a las que tuvimos que enfrentarnos, no solo por parte de los Estados, sino también de otros defensores de los derechos humanos o movimientos. Había quienes consideraban que reivindicar los derechos de los pueblos indígenas era simplemente crear sectorialismo o, en un sector concreto, simplemente reivindicar sus propios intereses.

Si tenemos que reivindicar nuestros derechos, principalmente debido a las circunstancias a las que nos enfrentamos, entonces está bien. Y toda la idea de los derechos colectivos. No estamos hablando aquí solo de derechos humanos individuales, que abordan la mayoría de los instrumentos de derechos humanos, estamos hablando de derechos colectivos, que son cruciales para la identidad y la supervivencia como pueblos indígenas.

Estamos hablando aquí de la tierra. Para la mayoría de los pueblos indígenas, la tierra no es solo de propiedad individual. En general, prevalece la propiedad comunal, especialmente cuando hablamos de recursos naturales. Y, por supuesto, la responsabilidad de cuidar y proteger la tierra recae en todas y cada una de las personas de la comunidad.

En el movimiento de mujeres podría decir que no abordamos la cuestión de las mujeres indígenas, pero tuvimos muy claro desde el principio que las mujeres indígenas tienen situaciones muy específicas propias, que debían ser abordadas en una declaración como esta. Por eso incluimos la cuestión de las mujeres indígenas. Ahora bien, cuando se habla de derechos, entran en juego los derechos de los pueblos indígenas, al igual que las instituciones que se encargan de la aplicación de estos derechos humanos, como las instituciones de mujeres, ONU Mujeres, la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, porque debemos incorporar los derechos de los pueblos indígenas como una parte fundamental de la labor.

De esa manera, diría que hemos enriquecido el discurso sobre los derechos humanos y hemos llamado la atención internacional sobre la situación de algunos de los pueblos más discriminados y oprimidos. Y con la adopción de la Declaración, trabajamos constantemente para garantizar que los Estados que la han adoptado, los Estados miembros de la ONU, la estén aplicando de la manera correcta.

Profesor James Anaya

El profesor Anaya en la conversación con el actual Relator Especial.

Gracias por esa pregunta, Dr. Barume. Una de las mayores manifestaciones de este retroceso en materia de derechos humanos es la falta, o la relativa falta, de recursos, o la reducción de los recursos dedicados al mandato y a otros mecanismos de derechos humanos dentro del sistema. Una de las estrategias que podría desarrollarse más para abordar eso, en el caso del mandato del Relator, sería, en mi opinión, mejorar la coordinación con los demás mecanismos, en particular con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Veo aquí a uno de los miembros y al presidente del Mecanismo de Expertos. Como muchos de ustedes saben, el Mecanismo de Expertos tiene la capacidad de realizar visitas a los países, y uno de sus mandatos, entre otros, es promover la Declaración. Creo que, para optimizar el trabajo y tal vez aumentar la eficiencia entre el mandato del Relator Especial y el del Mecanismo de Expertos, una estrategia sería mejorar la coordinación.

Además, diría que también habría que mejorar la coordinación con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Ahora bien, ya existe cierto nivel de coordinación, pero tal vez se necesite una coordinación más dirigida, más específica, orientada a tareas concretas y específicas sobre el terreno en diversos países.

Otra estrategia, en mi opinión, es dedicar más esfuerzos a ayudar a los gobiernos a implementar el gran volumen de recomendaciones que han formulado los titulares de mandatos anteriores y el actual Relator Especial. Ustedes han visto que hay, ¿qué, unos 50 informes disponibles?, y cada uno de ellos contiene una serie de recomendaciones, muchas de ellas dirigidas específicamente a los gobiernos. Creo que aprovechar ese trabajo previo podría ser una estrategia importante hoy en día, trabajando con los pueblos indígenas en los países en los que viven para presionar a los gobiernos a fin de que implementen esas recomendaciones que ya existen.

De esa manera, el mandato podría ayudar, de una forma muy concreta, a abordar lo que comúnmente llamamos ahora, y a lo que se refería el difunto Rodolfo Stavenhagen, como la brecha de implementación: esa brecha entre las normas y la aplicación real sobre el terreno. Y esa brecha se manifiesta hoy en día en la falta de seguimiento o de cumplimiento de las recomendaciones, las numerosas recomendaciones que han formulado los Relatores. Por lo tanto, considero que trabajar en la aplicación de esas recomendaciones, dedicando esfuerzos específicos a dicha aplicación, constituiría una estrategia importante en el contexto actual.

Sr. Francisco Calí Tzay

Calí Tzay en el diálogo con el actual Relator Especial.

Bueno… yo creo que, para seguir haciendo relevante el mandato de la Relatoría —además de lo que ya el profesor Anaya mencionó en este momento—, creo que es acercarse más a los Estados, y principalmente dándoles a conocer de que los relatores, o el sistema de Relatoría, no son jueces. No van a juzgar: van a analizar información, van a crear recomendaciones; además de eso, van a servir como asesores también para los mismos Estados, de cómo implementar esas recomendaciones que se han elaborado.

Además de esto, creo que —tomando en cuenta también la experiencia del profesor Anaya—, las visitas académicas que se hacen, creo que son oportunidades que se pueden tomar también para poder darles a conocer a los Estados… de que uno llega allí, a los Estados, a los territorios donde están los pueblos indígenas, a dar a conocer lo que es el mandato, a dar a conocer lo que es la Declaración, pero también para ir a dar asesoría a los mismos Estados. Y cuando hablo de Estados, estoy hablando de los tres poderes del Estado.

Recuerdo muy bien —no es ninguna cuestión confidencial—, en México estuve dos o tres veces por visita académica; hice visitas académicas, invitado especialmente por la Corte de Justicia de Oaxaca —uno de los representantes ahora está como asesor de la Suprema Corte de Justicia—, y creo que fue un gran avance que se dio, porque el Estado de Oaxaca es el primer Estado que reconoce el pluralismo jurídico, y reconoce la aplicación del derecho indígena como el derecho positivo.

Yo creo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo para que las relatorías no solo sigan siendo esenciales, sino que no se puede —dentro de todos estos retos que se están llevando a cabo en la Reforma de Naciones Unidas— afectar principalmente los derechos de los pueblos indígenas. Creo que lo que debemos de trabajar es hacerle entender al Sistema de Naciones Unidas que las reformas no deben afectar los derechos humanos, pero principalmente los derechos de los pueblos indígenas.

Sra. Jennifer Tauli-Corpuz

Jennifer Tauli-Corpuz interviniendo en la mesa redonda.

Gracias, Albert, y gracias a Jim y a Francisco. Creo que me sumaré al coro y hablaré sobre la importancia de la coordinación, el mantenimiento de los tres órganos y la implementación. Mantuve una conversación con mi madre antes de viajar aquí a Nueva York, y esto es exactamente lo que me dijo: las tres cosas que tenían. Es casi como si hubiéramos comparado notas de antemano.

Este es un momento particularmente precario para los tres mandatos específicos sobre los pueblos indígenas dentro de la ONU, con el proceso de reforma en marcha. La idea de la coordinación es absolutamente importante, pero yo iría un paso más allá y diría que también lo es la complementariedad. Los tres mandatos deben demostrar en qué se diferencian y cómo contribuyen a los distintos aspectos del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

El Relator Especial tiene un mandato de protección, por lo que se ocupa de casos, especialmente aquellos que se presentan a través de comunicaciones y de los que se entera en visitas a los países. Eso es muy diferente del papel del Mecanismo de Expertos, que es análogo en cierto modo a un órgano de tratados y proporciona interpretación, mayor claridad, sobre cuáles son las obligaciones en relación con la Declaración.

Ahora bien, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se centra en el ámbito del desarrollo, desempeña una función integradora (integra todo) y, además, coordina a las entidades de las Naciones Unidas y promueve el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Si logran aclarar los diferentes ámbitos que abarcan los tres mandatos, podrán ver que se complementan mutuamente, por lo que es necesario que haya coordinación en la implementación de todas las recomendaciones, y cada uno de los mandatos desempeña un papel.

Ahora bien, por supuesto, la financiación es un problema, y me alegra mucho saber que, al menos en el caso del mandato de Albert, aunque se haya reducido el presupuesto, la filantropía está interviniendo para apoyar parte del trabajo, por lo que tal vez eso podría ser una medida de transición en cierto modo. Mientras la ONU reduce los fondos, sería importante que la filantropía, el sector privado y otros actores intervinieran para que los mandatos puedan seguir cumpliendo su función.

Sra. Anexa Alfred

Anexa Alfred Cunningham, Presidenta del EMRIP.

Muchas gracias, señor Relator. En nombre del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, deseo comenzar expresando nuestro sincero agradecimiento a los organizadores de este evento conmemorativo, así como al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un honor tomar la palabra en la conmemoración del 25.º aniversario de la creación del mandato, un mandato que nos invita no solo a reflexionar sobre su trayectoria, sino también a reconocer el profundo impacto que ha tenido en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial.

A título personal, permítanme también rendir un homenaje especial al profesor James Anaya, quien ocupó el mandato de Relator Especial y fue mi profesor y mentor académico, y quien, en gran medida, ha sido una figura clave en el camino que me ha llevado a asumir este cargo.

También deseamos transmitir nuestras más sinceras felicitaciones a todos los titulares de mandatos. A lo largo de estos 25 años, su labor se ha caracterizado por la independencia, la integridad y una firme dedicación a la justicia para los pueblos indígenas. Este aniversario es también un momento para reconocer su valentía al sacar a la luz las violaciones, al documentar realidades complejas y al mantener siempre la dignidad de los pueblos indígenas en el centro de su trabajo.

Pero, sobre todo, reconocemos que este mandato no puede entenderse sin la fortaleza, la resiliencia y la propia voz de los pueblos indígenas, cuya participación activa ha dotado de significado, legitimidad y profundidad a esta labor. El Mecanismo de Expertos se enorgullece de colaborar con el Relator Especial y con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, como mecanismo complementario dentro del sistema de las Naciones Unidas. Aunque nuestros mandatos son distintos, compartimos un único objetivo: promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Juntos, estos tres mecanismos conforman un marco coherente, sólido e indispensable dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su fortaleza radica en su independencia, su complementariedad y su capacidad para reforzarse mutuamente. Reitero nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración, con respeto y de manera coordinada, para fortalecer este legado de 25 años y avanzar hacia la plena realización de los derechos de los pueblos indígenas.

Katisha Pau

Katisha Pau hablando en nombre del Caucus de Jóvenes Indígenas.

Saludo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, al Relator Especial y a todos los pueblos indígenas que se encuentran aquí reunidos hoy. Los informes publicados por los Relatores Especiales y elaborados por ellos han elevado el nivel de exigencia en materia de derechos indígenas a escala mundial, tanto a nivel estatal como internacional. Quiero agradecer a nuestro actual Relator Especial por su labor continua, así como a quienes le han precedido. Le doy las gracias y le expreso mi apoyo.

La Declaración representa el estándar mínimo para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas a nivel mundial, y en Columbia Británica, Canadá, fuimos testigos de un avance histórico al promulgar la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA), el Plan de Acción y la creación de la Secretaría de la Ley de la Declaración. Esto se llevó a cabo en colaboración con nuestros pueblos de las Primeras Naciones y se basó en la Declaración, que desde entonces se ha visto amenazada.

La provincia de Columbia Británica intentó recientemente suspender disposiciones fundamentales de la DRIPA, incluido el requisito de armonizar las leyes con la Declaración. Esto supone el debilitamiento de un marco de derechos humanos que tenía por objeto guiar una verdadera reconciliación. La suspensión o el retraso son una respuesta inaceptable a la defensa de los derechos y los títulos indígenas. Estamos presenciando un precedente peligroso.

Cuando los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en los tribunales estatales, cuando comienzan a influir en las decisiones sobre la tierra, el agua y los recursos, la respuesta del gobierno debería buscar una implementación más profunda en consulta y cooperación con los pueblos indígenas. En cambio, nos encontramos con vacilaciones y maniobras legales. La Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica ha sido clara: no puede haber enmiendas, ni suspensiones, ni debilitamiento de la DRIPA. El camino a seguir es la plena implementación, liderada por los pueblos indígenas, según lo indicado por el mandato de nuestros Relatores Especiales.

Nuestra provincia ha anunciado que colaborará de manera significativa con los pueblos indígenas para hacer efectivos nuestros derechos inherentes, armonizando todas las leyes con la Declaración y respetando el consentimiento libre, previo e informado. En este sentido, debemos establecer un mecanismo de supervisión indígena independiente y basado en las distinciones para monitorear la implementación y garantizar un proceso significativo y responsable, en plena consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas. Dirigiéndonos a Canadá y a todos los Estados miembros, afirmamos lo siguiente:

Ahora es el momento de proteger los derechos indígenas a nivel nacional y mundial, y esto significa apoyar el mandato de nuestros Relatores Especiales mediante la implementación de sus recomendaciones. Podemos trabajar juntos. Estos mandatos ayudan a los pueblos indígenas y a los Estados a encontrar un camino a seguir. Estos mandatos pueden ayudarnos a trabajar juntos y a poner fin a la toma de decisiones unilateral que sigue definiendo nuestras realidades.

Seguiremos defendiendo nuestras tierras, nuestras aguas y nuestras generaciones futuras, tal como lo hicieron nuestros antepasados antes que nosotros, y continuaremos defendiendo nuestras propias estructuras de gobierno, al tiempo que exigimos a los gobiernos que rindan cuentas de los compromisos que han asumido, no solo en esta sala, sino también en nuestros países. No hay reconciliación sin autodeterminación. No hay desarrollo sin consentimiento libre, previo e informado. Y no hay justicia sin la plena aplicación de nuestros derechos humanos inherentes.

Sra. Sara Olsvig

Sara Olsvig en representación del Consejo Circumpolar Inuit.

Buenas tardes, Dr. Barume, y, en primer lugar, muchas, muchas gracias; buenas tardes también a todos los anteriores titulares del mandato. Ha sido un auténtico placer estar aquí hoy y conocer la historia del mandato, pero también ver la importante labor que ha realizado el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en el panel, y especialmente con lo expresado por el profesor Anaya, sobre la necesidad de seguir trabajando más directamente con los Estados y, como también señaló el embajador Calí Tzay, de orientar a los Estados para que implementen lo que el mandato ha presentado como recomendaciones.

Hablando en nombre de los inuit y de Kalaallit Nunaat, Groenlandia, hemos sido testigos del enorme impacto de la visita de la Relatora Especial, iniciada por la Sra. Vicky Tauli-Corpuz en 2020, que se vio interrumpida de manera muy abrupta por la conferencia de prensa del primer ministro de Dinamarca la noche anterior a que la Sra. Tauli-Corpuz viajara a Kalaallit Nunaat / Groenlandia, tras haber realizado las consultas en Copenhague entre los groenlandeses residentes en Dinamarca. El embajador Calí Tzay retomó el tema tres años más tarde, cuando concluyó la visita al país.

Y hemos visto el impacto de la visita al país, no solo en términos de recomendaciones reales y tangibles al Estado, al Reino de Dinamarca (Dinamarca y Kalaallit Nunaat / Groenlandia), sino también en una mayor conciencia entre nuestro pueblo de nuestros derechos como pueblo indígena. Y quiero destacar también cómo hemos visto al Dr. Barume retomar eso, en el sentido de tomar notas y ver claramente la importancia de dar continuidad a algunos de los temas que surgieron en el informe del embajador Calí Tzay, incluida la salud reproductiva de las mujeres y niñas indígenas.

Vivimos en una nación denominada desarrollada, y deseo que esta intervención por mi parte trate sobre eso, muy brevemente: este mandato es importante también para quienes vivimos en el denominado norte global, en las denominadas naciones desarrolladas. Seguimos observando una enorme brecha en la implementación cuando se trata de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro Estado, el Reino de Dinamarca. Se han hecho muchas cosas buenas. Contamos con autogobierno, lo cual, en mi opinión, también es importante mencionar.

Pero la brecha entre la comprensión de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la comprensión de la diferencia entre el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sigue existiendo. Y existe dentro del sistema, existe entre los trabajadores sociales, existe en el sistema de salud, y tenemos una enorme labor por delante para informar y garantizar que las recomendaciones sean comprendidas y aplicadas.

Y tal como expresamos desde el Consejo Circumpolar Inuit en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023, cuando se presentó el informe nacional, estamos dispuestos a colaborar de manera constructiva con el Estado para garantizar que ese entendimiento llegue realmente a las personas sobre el terreno. Las mujeres, por ejemplo, en los casos de los dispositivos intrauterinos (DIU), que siguen careciendo de una perspectiva de derechos humanos en los aspectos de derechos individuales y colectivos de un programa que tenía como objetivo reducir nuestro crecimiento demográfico y que aún hoy tiene consecuencias.

Se han hecho muchas cosas en nuestro Estado y en nuestra nación, pero es muy importante que ustedes, como titulares de mandatos, aporten al sistema las recomendaciones de los expertos, y debemos proteger la singularidad de este mandato frente a otros mandatos. Por lo tanto, con esto, les doy las gracias a todos y espero con interés la cooperación continua con nuestro estado y con ustedes para implementar las recomendaciones que se han presentado.

Honorable Dra. Litha Musyimi-Ogana

Litha Musyimi-Ogana, presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión Africana.

Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la familia de la Unión Africana, y en particular de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, quisiera comenzar felicitándolos a usted y a los anteriores relatores de este mandato por la labor que han realizado durante los últimos 25 años. Veinticinco años es un largo período de tiempo, por lo que deseamos sumarnos a este evento.

Gracias, moderador, excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros. Me sumo al reconocimiento de este importante hito, que marca los 25 años del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Desde la perspectiva de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, este mandato ha sido fundamental para la evolución y el marco de protección internacional de los pueblos indígenas.

Sus métodos de trabajo, que incluyen visitas a los países, comunicaciones e informes temáticos, no solo han documentado las violaciones, sino que también han dado forma a las respuestas de los Estados y otros actores en diversos contextos. De hecho, esto es exactamente lo que hace la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el continente africano. En el sistema regional africano, estos avances han tenido una clara resonancia. A través de su jurisprudencia y de la labor del Grupo de Trabajo, la Comisión Africana se ha ocupado de cerca de muchas de las mismas cuestiones, entre ellas el despojo de tierras, el impacto de las industrias extractivas y las barreras a una participación significativa en la toma de decisiones.

Desde que asumí el mandato del Grupo de Trabajo en 2022, he observado que la relación entre la Comisión y el Relator Especial es a la vez práctica y continua. Esto se refleja, en primer lugar, en la convergencia normativa: la labor interpretativa del mandato, en particular sobre principios como el consentimiento libre, previo e informado, la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos, ha reforzado y complementado las normas regionales y su aplicación.

En segundo lugar, en la cooperación y la participación institucionales: la colaboración de los sucesivos titulares del mandato con la Comisión, incluso en 2023, cuando mi hermano, el Sr. Francisco Calí Tzay, participó en uno de nuestros talleres continentales, contribuyó a garantizar que la experiencia regional informe el discurso global sobre derechos humanos. En tercer lugar, en la continuidad entre mandatos: el hecho de que usted ocupe este cargo, Sr. Barume, aporta un vínculo institucional directo, ya que anteriormente se desempeñó como uno de los miembros del Grupo de Trabajo de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Su compromiso continuo con la Comisión, incluida la participación en sesiones y en el reciente proceso de validación sobre el mapeo de las poblaciones indígenas en el continente africano, ha fortalecido la coherencia entre los enfoques regionales e internacionales.

Esta cooperación es particularmente importante a la luz de los desafíos identificados en los últimos 25 años. Si bien se han logrado avances en la clarificación de las normas y en la promoción de las voces indígenas, persisten importantes brechas en la implementación. Me complace mucho decir que su viaje a Botsuana, que precedió al mío, abrió algunas puertas importantes, en las que Su Excelencia el Presidente de Botsuana, el presidente Duma Gideon Boko, aceptó ser el defensor de los pueblos indígenas en África. Este tipo de repercusión acerca nuestra colaboración y es muy significativa.

Permítame concluir diciendo que, en el marco de la Hoja de Ruta de Adís Abeba, hemos identificado una serie de áreas en las que podemos trabajar juntos, y esperamos hacerlo en un futuro próximo. Sé que tenemos poco tiempo, pero permítame, en este momento, en nombre de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, felicitarles a usted y a las Naciones Unidas por su 25.º aniversario.

Sra. Sharida Reuben

Sharida Reuben, del Consejo del Distrito de Upper Mazaruni, Guyana.

Gracias, Relator Especial. En nombre del Consejo del Distrito de Upper Mazaruni, el órgano representativo de los pueblos akawaio y arekuna del Distrito de Upper Mazaruni en Guyana, les saludo a todos. Mientras reflexionamos sobre los 25 años del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocemos la importancia de esta función para llamar la atención mundial sobre cuestiones que son fundamentales para nuestras vidas, en particular los derechos sobre la tierra, el consentimiento libre, previo e informado, y los impactos de las industrias extractivas.

Desde nuestra perspectiva, estas cuestiones persisten en la actualidad. Nuestro pueblo lleva más de dos décadas en los tribunales buscando el reconocimiento de nuestras tierras ancestrales. En 2022, el Tribunal Superior confirmó que hemos ocupado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, no se han tomado las medidas necesarias para proteger plenamente estos derechos en la práctica, y el asunto sigue en fase de apelación. Cabe destacar que el gobierno ha apelado algunos aspectos de la sentencia, mientras que nosotros también nos hemos visto obligados a apelar debido a la falta de una protección plena y exclusiva de nuestros territorios.

Esto refleja un desafío más amplio. Algunas tierras aún no cuentan con títulos de propiedad y, en otros casos, los títulos no reflejan plenamente nuestros territorios tradicionales. Esto genera incertidumbre y deja a nuestras tierras vulnerables a presiones externas, en particular por parte de la minería. También seguimos observando deficiencias en la forma en que se aplica el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en la práctica. Aunque se reconoce en la UNDRIP, las consultas no siempre son oportunas, inclusivas o se basan en información completa. En algunos casos, como en la aldea de Jawalla, se han llevado a cabo actividades mineras en tierras indígenas tituladas sin el FPIC del pueblo akawaio, lo que ha dado lugar a amenazas para los medios de vida y la seguridad.

Para nosotros, el mandato del Relator Especial sigue siendo de vital importancia para garantizar que se escuchen las voces indígenas y las realidades vividas, y que estas realidades informen la atención y la acción internacionales. De cara al futuro, vemos algunas áreas en las que este mandato podría tener un impacto aún mayor. En primer lugar, un seguimiento más firme de las recomendaciones, de modo que conduzcan a cambios significativos sobre el terreno. En segundo lugar, una colaboración más profunda con las estructuras de gobernanza indígenas, incluidos los órganos a nivel de distrito como el nuestro, que están estrechamente conectados con lo que está sucediendo en nuestros territorios.

Y, por último, seguirá siendo fundamental prestar una atención constante a los derechos sobre la tierra y a la plena aplicación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Al reflexionar sobre los últimos 25 años, esperamos que este mandato siga marcando una diferencia significativa en la vida cotidiana de nuestros pueblos indígenas.

Mariana Yumbay

Mariana Yumbay, diputada del Parlamento de Ecuador.

Buenas tardes a todos ustedes. Soy Mariana Yumbay, diputada del Parlamento de Ecuador. Distinguido Relator Especial, Dr. Albert Barume, le ruego acepte nuestro más cordial saludo y nuestro agradecimiento por su visita a Ecuador, que le ha permitido ser testigo de primera mano de la persistencia de graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Debo recordar también que, en su momento, recibimos las visitas del profesor James Anaya, de nuestro hermano Francisco Calí y (que en paz descanse) del profesor Rodolfo Stavenhagen, quienes nos visitaron; pero eso mismo es prueba de que en nuestros países, lamentablemente, hemos estado sufriendo una violación persistente de nuestros derechos, razón por la cual su presencia y su visita a nuestro país han sido tan esenciales.

Valoramos la labor sostenida del Relator Especial a lo largo de estos 25 años, particularmente en la promoción, el seguimiento y el desarrollo de las normas internacionales contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en ámbitos tales como los derechos territoriales, el consentimiento libre, previo e informado, nuestros propios sistemas de justicia y la protección contra la persecución y la criminalización de los líderes indígenas, tanto mujeres como hombres.

En este marco, estas acciones, junto con la lucha de los propios pueblos indígenas, han permitido incorporar nuestros derechos en la Constitución de la República y en diversas leyes secundarias. No obstante, en Ecuador y en otros países persiste una profunda brecha entre el reconocimiento formal y la realidad. Persisten los patrones estructurales: la exclusión, el racismo institucional, la expansión de las actividades extractivas sin consulta libre, previa e informada, la criminalización de quienes defienden nuestros sistemas de autogobierno y la libre expresión de los medios comunitarios, y el debilitamiento de nuestros propios sistemas de autogobierno. Esta situación se traduce en pobreza persistente, desplazamiento y múltiples formas de violencia contra nuestros pueblos.

En este contexto, solicitamos una acción urgente y reforzada por parte del Relator Especial, en coordinación con el Mecanismo de Expertos y otros mecanismos internacionales, trabajando juntos de manera coordinada para exigir al Estado ecuatoriano y a otros Estados el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales. Es imperativo que se adopten medidas concretas y verificables, con un enfoque intercultural, para garantizar el pleno respeto de nuestros derechos y cerrar las brechas históricas de exclusión. Los pueblos indígenas no somos sujetos pasivos bajo la tutela del Estado; somos pueblos preexistentes con derecho a la libre determinación y a una vida digna.

Solicitamos que el trabajo se realice también de manera coordinada con organizaciones de diferentes países y, por nuestra parte, continuaremos resistiendo, con su apoyo a nuestro lado.

Dr. Albert K. Barume

El Relator Especial Barume cerrando el panel.

Lamentablemente, esto nos lleva al final de este evento. Como pueden ver, ni siquiera hemos tenido interpretación en los últimos minutos. Pero permítanme decir tres cosas breves a modo de conclusión.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes aquí presentes, a los dos exrelatores especiales, y, a través de Jennifer, al tercer relator especial. Me siento agradecido, honrado e inspirado por lo que se ha compartido. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para reflexionar, porque estas aportaciones son de gran importancia para mí en mi labor de adaptar el mandato del relator especial al contexto global actual.

En segundo lugar, quisiera dar las gracias a los colegas que han estado detrás de todo esto, y a los socios que han apoyado este evento y siguen apoyando el mandato.

Y en tercer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes una vez más por estar aquí. Gracias y buenas tardes.