GINEBRA – Expertos de la ONU* han pedido hoy al Gobierno de Tanzania que publique inmediatamente las conclusiones de dos comisiones presidenciales que examinan la dinámica del uso de la tierra y sus políticas de sostenibilidad y reubicación en el Área de Conservación del Ngorongoro (NCA), en medio de la creciente preocupación por los derechos y el futuro de los pueblos indígenas.
«Nos alarma que estos informes, encargados en febrero de 2025, sigan sin divulgarse a pesar de que las declaraciones públicas del Gobierno indican que sus recomendaciones guiarán decisiones políticas inminentes», señalan los expertos.
Las autoridades han señalado públicamente sus planes de reducir significativamente la presencia humana en la NCA y ampliar lo que se describe como un programa de reubicación «voluntaria», cuya aplicación ha sido criticada por las personas afectadas y la sociedad civil.
«Estos informes son de profundo interés público y deben ponerse a disposición del público sin demora», afirmaron los expertos. «Las decisiones que afectan a decenas de miles de pueblos indígenas no pueden tomarse a puerta cerrada».
Las comisiones se crearon tras las protestas a gran escala de agosto de 2024, en las que más de 40.000 pastores masái se movilizaron contra los intentos del gobierno de reubicarlos en sus tierras. Las manifestaciones, que incluyeron el bloqueo temporal de una ruta de transporte clave que une Ngorongoro y Serengeti, pusieron de manifiesto la profunda oposición y preocupación locales.
La NCA abarca más de 829.000 hectáreas y alberga a unas 100.000 personas, la mayoría pastores masai. La zona es fundamental para su identidad y para sus prácticas culturales y modos de vida como pueblo indígena. Otros pueblos indígenas, como los pastores Datoga y los cazadores-recolectores Hadzabe, también mantienen vínculos ancestrales con la tierra. La zona, que incluye el cráter del Ngorongoro, es un ecosistema de importancia mundial y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2010.
«Los esfuerzos de conservación no deben ir en detrimento de los derechos humanos», afirmaron los expertos.
«En 1951, se aseguró a los masai que podrían seguir residiendo en el Área de Conservación del Ngorongoro a cambio de ceder tierras para establecer el Parque Nacional del Serengueti», afirman los expertos. «Estos compromisos históricos con los pueblos indígenas deben cumplirse y sus derechos humanos deben respetarse plenamente».
Desde 2022, los informes indican que los residentes indígenas se han enfrentado a una creciente presión para reubicarse, entre otras cosas reduciendo el acceso a servicios esenciales, restringiendo la circulación y disminuyendo el acceso a tierras de pastoreo, fuentes de agua y lugares culturales. Los expertos también recibieron denuncias de acoso e intimidación de defensores de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y riesgo de desalojos forzosos. Estas preocupaciones ya habían sido planteadas anteriormente por los Procedimientos Especiales (TZA 4/2024, 3/2021, 2/2023).
«En este contexto, la responsabilidad del Gobierno de publicar los dos informes para garantizar la transparencia en la toma de decisiones representa un primer paso en el cumplimiento de su obligación de garantizar la participación efectiva de todas las partes interesadas en cualquier proceso futuro, con vistas a asegurar el consentimiento libre, previo e informado de todos los afectados», señalaron los expertos.
«Cualquier reubicación debe ser genuinamente voluntaria, basada en una consulta plena y coherente con las normas internacionales de derechos humanos establecidas en los Principios Rectores de los Reasentamientos. Los pueblos indígenas tienen derecho a permanecer en sus tierras tradicionales si así lo desean. Además del consentimiento libre, previo e informado, cualquier reasentamiento debe basarse en un auténtico fin público y sólo después de haber llegado a un acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa, el apoyo a los medios de subsistencia y el reparto de beneficios.»
Instaron al gobierno a detener cualquier acción que pudiera provocar desplazamientos forzosos y a entablar un diálogo significativo con las comunidades afectadas.
«La protección de la biodiversidad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas no se excluyen mutuamente», afirmaron los expertos. «Las soluciones sostenibles requieren ambas cosas».
Los expertos han estado en contacto con el Gobierno de la República Unida de Tanzania en relación con este asunto.
*Los expertos:
- Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto.
- Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el ámbito de los derechos culturales
- Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
- Paula Gaviria, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
- Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
- Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
- Michael Fakhri Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
- Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible
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