Visita oficial a Australia: Conclusiones preliminares del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

1.Contexto

Deseo comenzar rindiendo homenaje a los pueblos gadigal de la nación eora, en cuyas tierras nos encontramos hoy, y a los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, propietarios tradicionales de Australia. Presento mis respetos a sus Mayores del pasado y del presente, a sus antepasados y a las generaciones futuras. Honro su perdurable conexión con sus tierras, culturas y tradiciones, y su determinación de preservar su patrimonio y forjar su propio futuro.

Hoy concluyo mi visita oficial de dos semanas a Australia, realizada por invitación del Gobierno del 2 al 13 de noviembre de 2026.

Expreso mi sincero agradecimiento a todas las personas que se reunieron conmigo y compartieron sus experiencias, perspectivas y conocimientos. Estoy particularmente agradecido a los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, a sus organizaciones y a sus comunidades por su apertura y confianza. Agradezco también al Gobierno su cooperación, así como a la National Indigenous Australians Agency, a la Australian Human Rights Commission, en particular a su Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, y a las demás organizaciones que apoyaron la preparación y realización de esta visita.

Mi equipo y yo viajamos extensamente y visitamos Canberra, Adelaida, Broome, Darwin, Cairns, las islas del Estrecho de Torres, Townsville y Sydney. Nos reunimos, en persona y de forma virtual, con funcionarios del Gobierno, con Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y sus organizaciones representativas y comunitarias, con organizaciones de la sociedad civil y con académicos. También visitamos el Alexander Maconochie Centre, en Canberra, y la prisión de mujeres de Adelaida (Adelaide Women’s Prison), en Australia Meridional. Lamento que las reuniones con funcionarios del Gobierno en el Territorio del Norte y en Queensland, así como las visitas a los centros de detención de Holtze y Cleveland, no pudieran llevarse a cabo porque esas autoridades gubernamentales se negaron a colaborar con mi mandato.

Me ha impresionado profundamente la fuerza, la determinación y el liderazgo de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de soluciones a sus desafíos. Estoy profundamente agradecido a quienes compartieron sus experiencias, incluidos relatos dolorosos de discriminación, injusticia y violaciones de sus derechos.

Soy el tercer Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas que visita Australia, tras las visitas de 2009 y 2017. Los sucesivos mecanismos internacionales de derechos humanos han formulado numerosas conclusiones y recomendaciones relativas a los derechos de los Primeros Pueblos. Estas constituyen una base importante para evaluar los progresos, las deficiencias persistentes y las obligaciones pendientes.

Hoy presento conclusiones y observaciones preliminares. Presentaré mi informe final sobre esta visita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2027.

2.Panorama de los avances observados

Australia ha registrado algunos avances en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. La expansión de las organizaciones controladas por las comunidades de los Primeros Pueblos, de los programas de guardaparques indígenas (Indigenous Rangers), de la revitalización lingüística y de las iniciativas culturales demuestra el valor de apoyar los enfoques liderados por los indígenas. Los derechos vinculados al título nativo (native title) abarcan ahora aproximadamente el 55 % de la superficie terrestre de Australia, mientras que diversas decisiones judiciales han fortalecido el reconocimiento de los derechos e intereses propios de los Primeros Pueblos.

El Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha (National Agreement on Closing the Gap) ha establecido un marco importante para la toma de decisiones compartida, mientras que las inversiones gubernamentales en contratación pública indígena, programas culturales y servicios controlados por las comunidades han creado oportunidades de progreso. Victoria ha avanzado en la celebración de tratados y en el esclarecimiento de la verdad, Australia Meridional ha establecido por ley una Voz de las Primeras Naciones y el Territorio de la Capital Australiana ha creado un Órgano Electo de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres que ha incorporado a la legislación compromisos de Cerrar la Brecha para su sector público. En el Estrecho de Torres, también me alentó la participación significativa de los Primeros Pueblos en los tres niveles de gobierno, incluida la Torres Strait Regional Authority, aunque el modelo todavía podría mejorarse.

Estos avances ilustran el potencial de progreso cuando las reformas reconocen los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, apoyan sus instituciones y hacen efectiva su libre determinación. Sin embargo, el progreso sigue siendo desigual, frágil y contradictorio. Los avances en algunas jurisdicciones se han visto acompañados de retrocesos políticos en otras. Estas contradicciones ponen de manifiesto la ausencia de un compromiso nacional coherente con la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.

3.Ejemplos de esferas de preocupación

En su compromiso como candidata al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2018-2020, Australia «se comprometió a dar efecto práctico a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas».¹

A pesar de ese compromiso y de décadas de compromisos, investigaciones y recomendaciones, incluidas las de los mecanismos de las Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en Australia se ha deteriorado en varias esferas críticas.

En comparación con las constataciones de mis predecesores, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que constituyen menos del 4 % de la población de Australia, representaban el 24 % de la población penitenciaria en 2008, el 27 % en 2017 y el 37 % en 2025. Sus niños y niñas representan ahora el 60 % de las personas en detención juvenil, mientras que su probabilidad de ser colocados en cuidado fuera del hogar ha aumentado desde 2017 de 10 a 12 veces la de los niños no indígenas.

Las metas clave del marco de Cerrar la Brecha revelan desigualdades persistentes y una situación profundamente preocupante. En 2021, solo el 68,1 % de las personas de los Primeros Pueblos de entre 20 y 24 años había completado el 12.º año de escolaridad (Year 12) o una calificación educativa equivalente, frente al 90,7 % de sus pares no indígenas. Las disparidades en materia de salud son igualmente alarmantes. La tasa de suicidio entre los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres aumentó de 22,9 muertes por cada 100 000 personas en 2018 a 33,9 en 2024, casi tres veces la tasa de los australianos no indígenas. Se estima que el 19 % de los adultos de los Primeros Pueblos presenta signos biomédicos de enfermedad renal crónica, mientras que las tasas de hospitalización relacionadas con la diálisis son más de ocho veces superiores a las de los australianos no indígenas.²

Más de treinta años después de que la sentencia Mabo reconociera que los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres sobre sus tierras y territorios sobrevivieron a la colonización, el título nativo sigue siendo el principal mecanismo jurídico de Australia para reconocer esos derechos. Recibí preocupaciones reiteradas de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres acerca de las limitaciones de la Native Title Act y de su aplicación y, debido a su importancia sustantiva, profundizaré en esta cuestión, así como en el impacto de las actividades empresariales y del cambio climático, en el próximo informe completo.

A.Los derechos de los Primeros Pueblos no están seguros en manos de los estados y territorios

Me preocupa profundamente que la protección de los derechos de los Primeros Pueblos en Australia siga siendo fragmentada, incoherente y vulnerable a los cambios políticos en los distintos estados y territorios. En el sistema federal, los estados y territorios ejercen competencias sobre asuntos clave, como la justicia penal, la protección de la infancia, la vivienda y el patrimonio cultural. Esto ha permitido que los gobiernos de los estados y territorios adopten normas de protección muy dispares y reviertan reformas importantes con escasa consideración por los derechos humanos.

Escuché relatos preocupantes sobre avances en los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que se deshicieron tras cambios de gobierno. En Queensland, la Path to Treaty Act 2023 fue derogada tras las elecciones de 2024, lo que puso fin de manera abrupta a la investigación estatal para el esclarecimiento de la verdad. También escuché preocupaciones sobre la reversión de los compromisos de contratación pública indígena. En el Territorio del Norte, los trabajos para un tratado se detuvieron tras las elecciones de 2024, mientras que los cambios en la legislación de justicia juvenil, incluida la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal a 10 años, han socavado aún más los derechos de los Primeros Pueblos. Victoria aprobó en octubre de 2025 el primer tratado de ámbito estatal de Australia, que estableció un órgano representativo permanente de los Primeros Pueblos, Gellung Warl; sin embargo, la oposición se ha comprometido a derogarlo si resulta elegida en noviembre de 2026.

Los derechos fundamentales no pueden supeditarse a los resultados electorales ni a las prioridades de los sucesivos gobiernos. Estos retrocesos desconocen años de trabajo, socavan la confianza en las instituciones públicas y ponen en peligro el progreso nacional. Durante mis conversaciones con las autoridades federales, los funcionarios se refirieron reiteradamente a la resistencia de los estados y territorios como un obstáculo para el progreso nacional. Tales explicaciones revelan una grave deficiencia en la rendición de cuentas, pero no pueden justificar que se siga sin actuar.

Recuerdo que las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos se aplican en todo su territorio, independientemente de su organización jurídica interna. Si bien las responsabilidades de aplicar estas obligaciones pueden distribuirse entre distintos niveles de gobierno, el gobierno federal no puede invocar el federalismo para justificar el incumplimiento de la protección de los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Tampoco la falta de reconocimiento en la legislación nacional disminuye los derechos reconocidos en el derecho internacional. El Gobierno nacional del Commonwealth sigue siendo el único titular de obligaciones internacionalmente responsable de garantizar que esos derechos se respeten, protejan y hagan efectivos en todos los estados y territorios.

Por lo tanto, insto al Gobierno australiano a asumir un papel más firme de liderazgo y rendición de cuentas mediante el establecimiento de normas mínimas nacionales obligatorias y exigibles para la protección de los derechos de los Primeros Pueblos, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración) y otros instrumentos internacionales pertinentes. Estas normas deben elaborarse con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, a través de sus propias instituciones representativas, y acompañarse de medidas eficaces de aplicación, seguimiento y reparación. El disfrute de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Australia no debe depender del lugar donde vivan los Primeros Pueblos ni del gobierno que esté en el poder.

B.Las secuelas del referéndum: aumento del racismo y oportunidad perdida de reconocimiento y representación nacional

El rechazo de la propuesta de Voz de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres ante el Parlamento en el referéndum de 2023 ha tenido profundas consecuencias negativas para los derechos de los Primeros Pueblos. A lo largo de mi visita, muchas personas describieron una honda angustia y desilusión, pues vivieron el resultado como un rechazo de su identidad, de sus derechos y de su lugar en la sociedad australiana. Los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres también me dijeron que, tras el fracaso del referéndum, han aumentado los incidentes de racismo dirigidos contra ellos.

Deseo subrayar que los derechos humanos fundamentales nunca deben depender del resultado de una votación popular. Los derechos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres al reconocimiento, a la participación y a la libre determinación no constituyen una amenaza para los derechos de los demás. El rechazo de la propuesta de Voz no ha disminuido estos derechos ni ha eximido a Australia de sus obligaciones de respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos. Escuché relatos inquietantes sobre el aumento del racismo y del discurso de odio durante el referéndum de 2023 y después de él. Activistas indígenas describieron intimidaciones y amenazas racistas, e informaron que el referéndum había envalentonado a algunas personas a expresar abiertamente opiniones racistas, también en internet. Algunas personas expresaron preocupación por el discurso de odio y la normalización de narrativas racistas, en particular sobre los niños indígenas y la delincuencia juvenil. Estos relatos ponen al descubierto patrones arraigados de racismo estructural y discriminación institucional, y subrayan la necesidad urgente de procesos de esclarecimiento de la verdad liderados por los indígenas y de educación pública para afrontar las injusticias históricas, así como de una acción concertada para combatir el racismo y la discriminación. Insto a llevar a cabo un examen y una reforma sistemáticos de las leyes, políticas y prácticas institucionales que perpetúan la discriminación.

Tras la retirada de la financiación y la consiguiente desaparición del National Congress of Australia’s First Peoples, y tras el rechazo de la Voz, Australia sigue sin contar con un mecanismo eficaz y representativo a nivel nacional a través del cual los Primeros Pueblos puedan participar en las decisiones que los afectan. Si bien existen mecanismos representativos en algunas jurisdicciones, estos no pueden sustituir a un mecanismo nacional. Esta carencia menoscaba gravemente la aplicación efectiva de los derechos a la libre determinación y a la participación.

El referéndum debía servir como medio para lograr el reconocimiento constitucional de los Primeros Pueblos. Su resultado no debería llevar al Gobierno federal a abandonar ese loable objetivo, que sigue siendo vital para promover la justicia, la igualdad y la reconciliación. Aliento al Gobierno del Commonwealth a reanudar el diálogo con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y con la ciudadanía en general sobre los caminos adecuados para avanzar. Además, el Gobierno federal debería adoptar medidas inmediatas, en colaboración con los Primeros Pueblos, para establecer un mecanismo nacional eficaz de representación y participación.

C.Creciente sobrerrepresentación de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la detención

La alarmante y creciente sobrerrepresentación de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en los sistemas de justicia penal de Australia figura entre las preocupaciones de derechos humanos más persistentes e impactantes que encontré. No puede entenderse al margen de los efectos continuos de la colonización, el despojo, el racismo estructural y las desigualdades. Al 30 de junio de 2025, 17 432 adultos indígenas se encontraban en prisión, un aumento del 10 % en un año. Esto significa que Australia se aleja cada vez más de su compromiso de reducir el encarcelamiento de adultos indígenas en al menos un 15 % para 2031.³

La situación de los niños y niñas indígenas es particularmente preocupante. En junio de 2025, los niños y niñas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de 10 a 17 años constituían el 60 % de los niños en detención, a pesar de representar el 6,6 % de la población nacional de ese grupo de edad. Los niños de los Primeros Pueblos tienen 21 veces más probabilidades de ser detenidos que los niños no indígenas.⁴ Los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres describieron reiteradamente cómo los niños que viven en la pobreza y la separación familiar son arrastrados a ciclos de vigilancia policial, detención y mayor institucionalización.

Las leyes y las prácticas de la justicia penal afectan de manera desproporcionada a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, a menudo por delitos no violentos. En una localidad, jóvenes líderes indígenas me describieron situaciones de perfilamiento racial y de vigilancia policial excesiva, como ser detenidos e interrogados sin justificación aparente. También escuché cómo las órdenes de alejamiento y las multas pueden conducir al encarcelamiento cuando las personas carecen de una vivienda estable, de medios de comunicación fiables o de acceso a asistencia jurídica. Otros representantes indígenas describieron a personas que salen de prisión sin alojamiento ni transporte adecuados, lo que las expone al riesgo de incumplir las condiciones de su puesta en libertad.

Se me informó de que varias jurisdicciones están adoptando enfoques cada vez más punitivos, como restricciones más estrictas a la libertad bajo fianza, el aumento de las penas y retrocesos en la edad mínima de responsabilidad penal. Me alarma especialmente saber que, en Queensland, el 92 % de los niños en detención juvenil se encuentra en prisión preventiva.⁵ En Townsville, Mayores que trabajan con niños en el Cleveland Youth Detention Centre describieron un encierro prolongado en celdas, un acceso insuficiente a la atención de salud y a la educación, y niños de apenas 10 años que pasan largos períodos en calabozos de comisarías. Los Mayores tienen dificultades para obtener un acceso regular a los niños detenidos, a pesar de la importancia de la conexión cultural y de las relaciones de confianza para su bienestar y rehabilitación. En el Territorio del Norte, escuché preocupaciones similares sobre el hacinamiento, la detención lejos de las familias y del País, y la insuficiencia de oportunidades de rehabilitación. Estos relatos suscitan graves preocupaciones sobre el respeto de la presunción de inocencia en Australia.⁶

Insto también a Australia a establecer una edad mínima nacional de responsabilidad penal de al menos 14 años, sin excepciones, y a revisar las leyes y prácticas que criminalizan de manera desproporcionada a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, como las disposiciones restrictivas en materia de libertad bajo fianza, las penas mínimas obligatorias y el perfilamiento racial. Asimismo, insto al Gobierno federal y a los gobiernos estatales a poner fin a la detención de niños en calabozos de comisarías; a poner fin a los registros corporales sin ropa de niños; a revisar el uso de la vigilancia electrónica y de las colocaciones de niños en lugares remotos ordenadas por los tribunales; a restablecer la obligación de considerar la remisión a vías alternativas y otras opciones antes de enjuiciar a un niño.

D.Violencia contra las mujeres y niñas indígenas: una reparación incompleta

La crisis de las mujeres y los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres desaparecidos y asesinados sigue siendo motivo de grave preocupación. Se estima que al menos 476 mujeres y personas de género diverso aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres fueron víctimas de homicidio entre julio de 1989 y junio de 2023, mientras que importantes lagunas en los datos oficiales siguen ocultando la verdadera magnitud de la crisis.⁷ A pesar de las reiteradas investigaciones y recomendaciones, las familias siguen luchando por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Mujeres aborígenes me expresaron su profunda frustración por la falta de acciones y de reconocimiento significativos para las familias cuyos seres queridos fueron asesinados o desaparecieron.

Me perturbaron especialmente los relatos de mujeres de los Primeros Pueblos que, a pesar de ser sobrevivientes de violencia, son identificadas erróneamente como agresoras por los agentes del orden y posteriormente sometidas a procesos penales, mujeres que llamaron a la policía para pedir ayuda y que, en cambio, fueron acusadas de alteración del orden público o de conducta desordenada. Otras mujeres indígenas me describieron cómo las evaluaciones de riesgo discriminatorias, el reconocimiento insuficiente del control coercitivo y la incomprensión de las experiencias de violencia de las mujeres pueden dar lugar a su criminalización. Las mujeres también expresaron su temor a que pedir ayuda o denunciar abusos pueda conducir a que les retiren a sus hijos.

El acceso a la seguridad y a la justicia sigue siendo particularmente difícil para las mujeres y niñas indígenas de las comunidades regionales y remotas. Escuché relatos sobre cómo las largas distancias, el transporte insuficiente, las barreras lingüísticas y la suspensión de los tribunales locales pueden impedir que las mujeres obtengan asistencia jurídica y protección.

Me preocupa igualmente el trato que reciben las mujeres indígenas privadas de libertad. Durante las visitas a centros penitenciarios y en las reuniones con familiares, escuché denuncias de acoso sexual, atención de salud inadecuada, restricciones al contacto familiar y acceso insuficiente a apoyo culturalmente apropiado. Particularmente perturbadores fueron los relatos de mujeres encarceladas que fueron engrilletadas durante el parto y de sistergirls internadas en prisiones de hombres, donde enfrentaban graves riesgos de violencia sexual. Estos hechos exigen un examen independiente urgente y salvaguardias eficaces conformes a las normas internacionales de derechos humanos.⁸

La meta 13 de Cerrar la Brecha tiene por objeto reducir todas las formas de violencia y maltrato familiar contra las mujeres y los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, junto con el Plan Nacional conexo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y los Niños, pero actualmente no existen datos agregados que permitan medir la evolución respecto de esa meta.⁹ Reconozco las iniciativas emprendidas por los gobiernos australianos para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres subrayaron reiteradamente que las respuestas gubernamentales siguen siendo fragmentadas, carecen de recursos suficientes y no se basan suficientemente en sus conocimientos y prioridades.

Insto al gobierno federal y a todos los gobiernos de los estados y territorios a tratar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas como una prioridad urgente de derechos humanos. Ello exige la aplicación efectiva de las recomendaciones pendientes relativas a las mujeres y los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres desaparecidos y asesinados; investigaciones independientes y exhaustivas de las muertes, desapariciones y fallos de protección; la reforma de las prácticas policiales y judiciales que criminalizan a las víctimas sobrevivientes; y el acceso garantizado a asistencia jurídica culturalmente segura, alojamiento de emergencia, atención de salud y apoyo a largo plazo. Sobre todo, las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres deben ejercer un liderazgo y una autoridad decisoria reales sobre el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas y los servicios destinados a prevenir la violencia y a protegerlas, con el respaldo de recursos adecuados y sostenidos.

E.Un sistema de cuidado que parece estar creando una nueva Generación Robada

En 2017, mi predecesora expresó graves preocupaciones por la creciente separación de niños indígenas de sus familias y pidió medidas urgentes para apoyar a las familias, prevenir las separaciones y garantizar el cumplimiento del Principio de Colocación de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (Aboriginal and Torres Strait Islander Child Placement Principle). Durante mi visita, me perturbó profundamente saber que se sigue separando a niños indígenas de sus familias y comunidades en una escala que los Primeros Pueblos me describieron reiteradamente como una nueva Generación Robada. En 2025, 20 842 niños indígenas se encontraban en cuidado fuera del hogar, lo que representa 52,2 por cada 1 000 niños, frente a 47,3 en 2019.¹⁰ Lejos de cerrarse la brecha, la sobrerrepresentación de los niños indígenas en el cuidado fuera del hogar se está agravando.

Padres y madres, Mayores y organizaciones comunitarias indígenas describieron sistemas de protección de la infancia que con demasiada frecuencia responden a la pobreza, al hacinamiento en la vivienda y a la insuficiencia del apoyo familiar separando a los niños, en lugar de abordar las condiciones que someten a presión a las familias. Los padres que se esfuerzan por cumplir los requisitos para la reunificación enfrentan obstáculos persistentes para obtener una vivienda adecuada y servicios esenciales. Los testimonios describieron a niños colocados con cuidadores no indígenas, mientras que las familias extensas recibían un apoyo insuficiente.

También escuché preocupaciones sobre niños que pasan del cuidado fuera del hogar al sistema de justicia, lo que perpetúa ciclos de institucionalización, trauma y desconexión de sus comunidades indígenas.

El Estado australiano tiene la obligación de proteger a los niños frente a cualquier daño. El interés superior de los niños indígenas debe evaluarse de manera integral, teniendo en cuenta sus derechos a la seguridad, a la vida familiar, a la identidad cultural, a su comunidad y a la conexión con su País.

En 2025, en los estados y territorios con datos disponibles, la proporción de niños indígenas en cuidado fuera del hogar que vivían con familiares, parientes o cuidadores indígenas oscilaba entre el 25,4 % en el Territorio del Norte y el 82,8 % en Victoria.¹¹

En este contexto, me preocupa especialmente la Care and Protection of Children Legislation Amendment (Every Child Matters) Act 2026 del Territorio del Norte. La ley debilita el Principio de Colocación de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres en favor de un marco general de colocación, debilita el derecho expreso de los niños y las familias indígenas a participar en las decisiones importantes y modifica las disposiciones sobre la responsabilidad parental a corto plazo de un modo que puede afectar a las oportunidades de reunificación familiar. Los representantes indígenas del Territorio del Norte se opusieron firmemente a las reformas, denunciaron la falta de una consulta significativa y advirtieron que los cambios debilitarían aún más el cuidado por parte de la familia extensa y la reunificación familiar.

El Gobierno australiano no puede afirmar haber subsanado el legado de las Generaciones Robadas mientras se siga separando a niños indígenas de sus familias y pueblos a un ritmo creciente. El informe Bringing Them Home no solo pedía disculpas y reparaciones, sino también garantías de no repetición y libre determinación indígena. Insto al Gobierno australiano a aplicar plenamente el Principio de Colocación de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, a invertir en prevención y en reunificación familiar, y a garantizar que los pueblos indígenas ejerzan una autoridad real sobre los sistemas encargados de la protección y el cuidado de sus niños. Insto al Gobierno del Territorio del Norte a revisar la Every Child Matters Act en verdadera colaboración con las familias y organizaciones aborígenes, incluso restableciendo el Principio de Colocación de Niños. La responsabilidad del Estado va más allá de responder a casos individuales de daño: debe abordar las condiciones estructurales que impulsan las separaciones y prevenir la repetición de prácticas que amenazan a las familias indígenas, la continuidad cultural y la identidad colectiva.

F.Acceso a una vivienda adecuada y a los servicios esenciales

Durante mi visita, los pueblos indígenas manifestaron reiteradamente graves preocupaciones por la falta de vivienda adecuada y de acceso a infraestructura esencial, en particular en las comunidades indígenas remotas. Me preocuparon especialmente los relatos sobre el cierre del servicio de alojamiento YiSSA, gestionado por indígenas en Darwin, que ofrecía refugio a personas sin hogar y en otras situaciones de vulnerabilidad, y que alojaba a entre 350 y 400 personas por semana. El cierre se produjo sin una consulta adecuada ni medidas de transición, mientras que una instalación de reemplazo mucho más pequeña se ubicó a unos 100 kilómetros de distancia, con acceso limitado al transporte y a alimentos asequibles. La inseguridad en la vivienda contribuye a que los niños sean colocados en cuidado fuera del hogar y socava la reintegración exitosa de las personas que salen de prisión.

En Kimberley y en el Territorio del Norte, representantes indígenas describieron un tipo generalizado y particular de inseguridad energética que afecta principalmente a los hogares de los Primeros Pueblos abastecidos mediante sistemas de electricidad prepaga que cortan el suministro cuando se agota el crédito. Personas de los Primeros Pueblos me dijeron que esto se debe a que se las estereotipa como poco fiables en los pagos. En viviendas mal aisladas y hacinadas, donde las temperaturas pueden alcanzar los 47 grados Celsius, los cortes frecuentes plantean graves riesgos para la salud y la seguridad, en particular para los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas que necesitan medicamentos refrigerados. El costo de la electricidad puede consumir hasta una cuarta parte de unos ingresos familiares ya de por sí limitados. Actualmente no es posible evaluar los progresos respecto de la meta de Cerrar la Brecha sobre el acceso a los servicios esenciales debido a la insuficiencia de datos.¹²

G.Deficiente aplicación del Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha

El Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha de 2020 representó un avance institucional significativo, ya que fue negociado y acordado entre la Coalición de Organizaciones Principales Controladas por las Comunidades Aborígenes e Isleñas del Estrecho de Torres (Coalition of Aboriginal and Torres Strait Islander Community-Controlled Peak Organisations) y todos los gobiernos australianos de nivel federal, estatal y territorial. Cabe destacar que sus cuatro reformas prioritarias abordan cuestiones fundamentales que antes estaban excluidas del marco de Cerrar la Brecha. Estas reformas reconocen que lograr un cambio sustantivo exige que los gobiernos transformen radicalmente la forma en que elaboran y aplican las políticas y los programas. El Gobierno federal describió el Acuerdo como un giro histórico hacia el reparto del poder con los Primeros Pueblos.

Sin embargo, a mitad del período de aplicación del Acuerdo, los progresos siguen siendo profundamente preocupantes y desiguales según las metas y las jurisdicciones, y aún no se ha establecido el mecanismo de rendición de cuentas. Si bien se ha alcanzado la meta de matriculación en la educación preescolar y se han registrado mejoras en el empleo y en el reconocimiento de los derechos e intereses indígenas sobre las tierras y los mares, cuatro metas se están deteriorando: el encarcelamiento de adultos, el desarrollo en la primera infancia, los niños en cuidado fuera del hogar y las tasas de suicidio. Los progresos en otras esferas, como la esperanza de vida, la educación y la vivienda, siguen siendo insuficientes. Todavía no es posible evaluar los progresos en varias metas.¹³ Cabe señalar que los avances en los indicadores de acceso a los servicios, como la matriculación preescolar, no han ido acompañados de mejoras correspondientes en resultados clave, como el desarrollo en la primera infancia.

En materia de salud, representantes indígenas destacaron las persistentes desigualdades en el acceso a una atención de salud preventiva y culturalmente adecuada, en particular en las zonas remotas, y la alta prevalencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades renales, entre las Primeras Naciones. En Kimberley, supe que los pacientes que necesitaban diálisis tenían que trasladarse anteriormente a Perth, a más de 2 000 kilómetros, lo que los separaba de sus familias, sus comunidades y su País. Representantes indígenas del ámbito de la salud subrayaron la necesidad de una mayor autoridad sobre la planificación, la prestación y la evaluación de los servicios de salud, junto con una financiación sostenida y una mayor rendición de cuentas en materia de atención culturalmente segura.

Las persistentes desigualdades entre los pueblos indígenas y los australianos no indígenas en prácticamente todos los indicadores socioeconómicos reflejan patrones profundamente arraigados e interconectados de discriminación, marginación e injusticias históricas y actuales. La fragmentación de las políticas, la compartimentación institucional y los mecanismos de financiación entre los distintos niveles de gobierno siguen socavando las soluciones lideradas por las comunidades indígenas.

El potencial transformador del Acuerdo Nacional reside principalmente en sus cuatro reformas prioritarias; sin embargo, su aplicación sigue siendo gravemente insuficiente. Aunque todavía no se dispone de datos completos para evaluar los progresos de estas reformas, el examen independiente realizado en 2024 por la Productivity Commission concluyó que los gobiernos no habían comprendido plenamente la naturaleza y la magnitud del cambio necesario y que con demasiada frecuencia consultaban a los Primeros Pueblos sobre soluciones predeterminadas en lugar de compartir realmente la autoridad decisoria.¹⁴ Estas conclusiones fueron reforzadas por el examen de 2025 dirigido por aborígenes e isleños del Estrecho de Torres¹⁵ y coinciden estrechamente con las preocupaciones planteadas durante mi visita.

Dado que el Acuerdo no es jurídicamente vinculante, es esencial reforzar la rendición de cuentas. Acojo con satisfacción que el Gobierno del Commonwealth esté considerando un mayor control de la financiación intergubernamental, una mejor coordinación entre los ministerios y la financiación directa a las organizaciones indígenas cuando las jurisdicciones no logren avances. Estas medidas deberían aplicarse con urgencia, con el objetivo de transferir una autoridad y unos recursos significativos a los pueblos indígenas para que elaboren y apliquen soluciones basadas en sus propias prioridades, conocimientos y circunstancias.

Como observó la Productivity Commission,¹⁶ persiste la suposición de que «el gobierno sabe más», en contradicción con el compromiso del Acuerdo con la toma de decisiones compartida. Esto refleja un fracaso más profundo en el reconocimiento de los pueblos indígenas como titulares de derechos facultados para determinar sus propias prioridades y soluciones. Hacer efectivo el derecho a la libre determinación exige un cambio fundamental en el poder, los recursos y la autoridad decisoria. Sin ese cambio, Cerrar la Brecha seguirá siendo una promesa incumplida, mientras las propias desigualdades que pretende superar continúan ampliándose.

4.Observaciones preliminares

Casi dos décadas después de la primera visita a Australia de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, muchas preocupaciones fundamentales siguen sin resolverse. El desafío central no consiste simplemente en cerrar las brechas socioeconómicas, sino en transformar la relación entre el Estado australiano y los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, sobre la base del reconocimiento, la libre determinación, la participación significativa y la rendición de cuentas, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Disculpa Nacional de 2008 fue un hito importante, pero el reconocimiento histórico no ha ido acompañado de un proceso integral de esclarecimiento de la verdad, reparaciones y transformación institucional. La Comisión Makarrata propuesta, concebida para apoyar la celebración de tratados y el esclarecimiento de la verdad, no se ha materializado.

La ausencia de normas nacionales exigibles permite que la protección de los derechos de los pueblos indígenas varíe considerablemente de una jurisdicción a otra y hace que los avances sean vulnerables a los cambios políticos.

Nuevas generaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres nacen en el mismo patrón de marginación y falta de reconocimiento, lo que perpetúa el sufrimiento humano, como se refleja, entre otros aspectos, en las tasas de encarcelamiento, la violencia doméstica y sexual, el abuso de sustancias, los resultados de salud y el despojo continuado de tierras y recursos.

Nuevos desafíos relacionados con el cambio climático, la transición energética, la extracción de recursos, la falta de respeto y el discurso de odio alimentado por las redes sociales agravan los patrones de discriminación existentes.

El rechazo en el referéndum constitucional de 2023 ha puesto de manifiesto la fragilidad de los esfuerzos de reconciliación y ha acentuado las actitudes discriminatorias. Representantes indígenas describieron un profundo dolor, división y un resurgimiento del racismo y la hostilidad abiertos, incluso en las escuelas, el debate público y los eventos deportivos.

La reconciliación debe entenderse como un proceso de transformación de la relación entre el Estado y los Primeros Pueblos, que aborde las injusticias históricas y garantice que sus consecuencias no se transmitan a las generaciones futuras.

Las injusticias históricas siguen configurando las leyes, las instituciones y las políticas que afectan a los pueblos indígenas, en particular en materia de justicia, protección de la infancia, derechos sobre la tierra y acceso a los servicios esenciales.

El fracaso del reconocimiento constitucional ha creado un vacío de liderazgo y representación a nivel nacional, sin un camino claro hacia las reformas estructurales necesarias y largamente postergadas.

La estructura federal de Australia se utiliza como escudo frente a las obligaciones internacionales de derechos humanos. El Commonwealth desempeña un papel esencial para garantizar que las obligaciones internacionales se respeten en toda Australia, independientemente de la distribución interna de competencias. El panorama actual de leyes fragmentadas, protecciones desiguales y retrocesos políticos entre los estados y territorios pone de relieve la necesidad de normas nacionales de derechos humanos coherentes y exigibles, y de un liderazgo firme del Commonwealth.

Las cuatro reformas prioritarias del Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha, relativas a la toma de decisiones compartida, el control comunitario, la transformación de la administración pública y el acceso a los datos en ese marco, son positivas y necesarias. Sin embargo, el enfoque predominantemente socioeconómico del Acuerdo debe complementarse con el reconocimiento de la libre determinación, los derechos colectivos, el reparto del poder y la rendición de cuentas por su aplicación.

Las violaciones y preocupaciones persistentes y, en algunas esferas, cada vez más graves, se reflejan en el encarcelamiento excesivo de hombres, mujeres, niños y jóvenes indígenas; las muertes bajo custodia; la separación de niños de sus familias; y el acceso inadecuado a la vivienda, la salud y la educación. Estas situaciones exigen una acción urgente en todo el país, incluso por parte del Gobierno del Commonwealth cuando los marcos legislativos y normativos de los estados y territorios no se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Australia.

El gobierno no ha establecido los bloques fundacionales sobre los cuales construir la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración. Sin esos bloques fundacionales, los esfuerzos e iniciativas bien intencionados podrían no dar los resultados esperados. Estos bloques fundacionales son acumulativos y, una vez establecidos, permitirán que iniciativas encomiables como Cerrar la Brecha produzcan mejores resultados.

1. El primer bloque fundacional es el reconocimiento, que consiste en admitir las injusticias históricas singulares sufridas por las Primeras Naciones y en declarar la intención de repararlas de manera adecuada. Esto puede comenzar con una disculpa, como hizo el Estado australiano en 2008, pero debe ir más allá. El reconocimiento de las injusticias históricas deja claro que el Estado no está diseñando un régimen privilegiado para los Primeros Pueblos, sino un marco de reparación. El esclarecimiento de la verdad también forma parte de este bloque, al igual que la reparación, la indemnización y las garantías de no repetición.
2. El segundo bloque fundacional consiste en adoptar, preferiblemente, disposiciones constitucionales o leyes federales sobre los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que establezcan las normas de protección y aplicación de sus derechos. Esto también podría incluir la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la legislación nacional e incluso un plan de acción nacional. La fallida enmienda constitucional habría formado parte de este bloque fundacional, que serviría además como norma obligatoria para la protección y la aplicación uniformes de los derechos de los Primeros Pueblos en todo el país, también por parte de los estados y territorios.
3. El tercer bloque fundacional consiste en reconocer, proteger y apoyar las instituciones tradicionales y de toma de decisiones de los pueblos indígenas, que son componentes esenciales de la libre determinación. Este bloque incluye también los sistemas de justicia tradicionales y los conocimientos tradicionales.
4. El cuarto bloque fundacional es la representación política de los Primeros Pueblos, para garantizar su participación efectiva y significativa en los asuntos públicos en pie de igualdad con todos los demás ciudadanos australianos. Se han realizado esfuerzos en relación con este bloque fundacional, pero no se completaron ni tuvieron continuidad. Se trata de un elemento operativo constitutivo de la libre determinación.

Con esto concluyen mis observaciones preliminares sobre mi visita oficial a Australia en 2026 como Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aliento al gobierno federal y a los gobiernos de los estados y territorios a forjar una nueva alianza con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, basada en una relación de nación a nación, el reconocimiento, el respeto mutuo y la libre determinación, por las generaciones venideras.