GINEBRA – Dos expertos independientes en derechos humanos sobre la tortura y los pueblos indígenas, respectivamente*, han criticado hoy duramente los sistemas de justicia juvenil estatales y territoriales de Australia, donde se sigue encarcelando a un número desproporcionadamente elevado de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
«Los diversos sistemas de justicia penal que operan en Australia parecen estar en crisis en todo el país», han declarado Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la Tortura, y Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. «Los niños están sufriendo daños indebidos en su seguridad y bienestar, así como en sus perspectivas educativas y vitales, como consecuencia de enfoques miopes de la delincuencia juvenil y la detención».
En una carta dirigida a las autoridades australianas, los expertos expresaron su gran preocupación por un proyecto de ley propuesto en Queensland, cuya aprobación está prevista para esta semana.
«Muchas leyes estatales nuevas o propuestas, incluido el proyecto de enmienda Making Queensland Safer (Adult Crime, Adult Time) de Queensland, son incompatibles con los derechos básicos del niño», afirmaron los expertos. «Si se aprobara, el proyecto de ley de Queensland supondría la aplicación de penas adicionales de adultos a niños por una amplia gama de delitos. Esto tendría un impacto especialmente negativo en las vidas de los niños indígenas, que ya están desproporcionadamente representados en el sistema jurídico penal. Instamos a los miembros del Parlamento de Queensland a votar en contra del proyecto de ley».
Los expertos proponen un enfoque centrado en el niño que refleje el derecho internacional y las mejores prácticas. Esto debería implicar estrategias más integrales para abordar el comportamiento antisocial y delictivo de los jóvenes.
La edad de responsabilidad penal en la mayoría de los estados y territorios australianos es de 10 años. Es más temprana que en la mayoría de los países industrializados. Australia ha sido muy criticada por no cumplir las normas internacionales recomendadas.
«El primer objetivo debería ser siempre mantener a los niños fuera de la cárcel. Nos preocupa enormemente que los planteamientos actuales estén creando una futura clase baja de australianos«, afirmaron los expertos. «Los centros de menores deben dar prioridad a la educación y la rehabilitación para favorecer el desarrollo de la infancia. La reforma de la justicia penal por sí sola no se traduce en menos conductas antisociales o delictivas».
Los expertos subrayaron que las denuncias constituyen violaciones de las obligaciones internacionales de Australia con respecto a los niños, incluida la obligación de protegerlos de la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tratarlos con humanidad y dignidad en todo momento y dar prioridad a su interés superior en todas las decisiones que les afecten.
Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Albert K. Barume, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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NOTAS DE PRENSA
Expertos de derechos humanos de la ONU critican duramente las nuevas leyes juveniles en Queensland que permiten juzgar a menores como adultos, afirmando que violan los derechos fundamentales de los niños y afectan especialmente a jóvenes indígenas.
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