Excelencias,
Representantes de los pueblos indígenas
Participantes
Señoras y señores
Me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que han respondido a mi convocatoria para que aportaran información a los informes que voy a presentar.
Al dar comienzo a la celebración del 20.º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), mi informe sobre las violaciones de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas analiza cómo han abordado los Estados hasta la fecha estas violaciones y les recuerda que los objetivos de la Declaración no pueden alcanzarse sin subsanar primero esas injusticias históricas.
La defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas es esencial para la supervivencia, la continuidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas son dadoras de vida, guardianas del conocimiento, cuidadoras y transmisoras de la lengua, la cultura y la identidad. Debido a este papel fundamental de las mujeres indígenas, sus cuerpos y su capacidad reproductiva han sido históricamente, y siguen siendo, el segundo objetivo principal —después de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas— para quienes pretenden erradicar a los pueblos indígenas como pueblos, naciones o identidades culturales diferenciadas.
La esterilización o la anticoncepción forzadas, la imposición de internados obligatorios en los que abundaba la violencia sexual, la demonización o la criminalización directa de las tradiciones indígenas en materia de partería, y los graves actos de violencia sexual destinados a infundir miedo en comunidades enteras son ejemplos de las violaciones históricas de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas que se prolongaron durante décadas en diversas regiones y circunstancias.
Las causas de estas violaciones fueron múltiples, entre ellas el colonialismo, el racismo sistémico, el patriarcado y los intentos de asimilar o borrar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Estas fuerzas se entrecruzaron para crear un entorno en el que las mujeres y niñas indígenas eran los principales objetivos de abusos y malos tratos.
El informe también destaca diversos factores actuales que propician las violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas. Uno de estos factores es la militarización, que a menudo conduce a un aumento de la violencia y la inestabilidad en las comunidades de los pueblos indígenas. La contaminación medioambiental es otro factor clave. La salud reproductiva y el bienestar general de las mujeres y niñas indígenas se ven afectados por la contaminación de la tierra, el agua y el aire, incluida la provocada por las industrias extractivas. Los conflictos armados también provocan y agravan la vulnerabilidad de las mujeres y niñas indígenas ante la violencia sexual y la explotación. El informe revela además que, en muchos casos, las iniciativas de conservación también han dado lugar a violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas.
Las secuelas de estas injusticias históricas siguen siendo visibles hoy en día. Las mujeres y niñas indígenas siguen sufriendo niveles desproporcionadamente elevados de violencia sexual, trata de personas, coacción reproductiva, mortalidad materna, separación forzosa de los niños de sus familias, criminalización de las prácticas sanitarias tradicionales y importantes obstáculos para acceder a una atención sanitaria culturalmente adecuada.
El informe señala que, en las últimas décadas, algunos Estados han abordado algunas de estas violaciones de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, pero las respuestas siguen siendo esporádicas, desiguales y parciales. Hasta ahora, las principales medidas de reparación han incluido elementos como disculpas públicas, investigaciones o audiencias nacionales, iniciativas de revelación de la verdad y medidas de reparación, entre las que se incluyen algunas indemnizaciones. Sin embargo, solo un pequeño número de Estados ha aplicado la gama completa de medidas de reparación, que incluye reformas legales y normativas, garantías de no repetición y recursos judiciales plenos.
Para que los Estados logren una auténtica reconciliación con los pueblos indígenas, tal y como persigue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), es imprescindible que subsanen de manera integral tanto las formas históricas como las contemporáneas de violación de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas. Esto implica reconocer las injusticias pasadas y presentes, proporcionar reparaciones, aplicar medidas definitivas para evitar futuras violaciones y garantizar la rendición de cuentas. La revelación de la verdad, la reparación y la reforma institucional deben centrarse en las mujeres afectadas y llevarse a cabo de manera que se evite una nueva traumatización.
El informe formula numerosas recomendaciones clave y aplicables dirigidas a los Estados y otras partes interesadas. Entre otras cosas, insta a los Estados a adoptar medidas rápidas y eficaces para poner fin a estas violaciones, ofrecer reparaciones a las personas afectadas y establecer políticas y programas sanitarios interculturales.
Ahora me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer algunas observaciones preliminares sobre mi informe relativo a la visita que realicé a Botsuana en septiembre de 2025. Para empezar, quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno de Botsuana por la cálida acogida y la colaboración sincera de las que fui objeto durante mi visita.
Botsuana es uno de los países africanos en los que algunas comunidades se identifican a sí mismas como pueblos indígenas.
Al llegar a Botsuana, me di cuenta de inmediato de que el nuevo Gobierno mostraba un firme compromiso político para abordar las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas. Esto quedó patente en numerosas medidas, entre ellas la iniciativa del presidente de devolver los restos mortales de un anciano indígena san a sus tierras ancestrales en la Reserva de Caza del Kalahari Central para su entierro, tras varios años en el depósito de cadáveres. También constaté que el actual Gobierno había creado un comité interministerial encargado de llevar a cabo consultas y proponer cambios normativos con el objetivo de garantizar que los pueblos indígenas alcancen la plena igualdad en el país.
Sin embargo, durante mi visita pude constatar que los pueblos indígenas de Botsuana siguen enfrentándose a la discriminación estructural, la falta de reconocimiento jurídico, la inseguridad de los derechos de tenencia de la tierra, el acceso limitado a la justicia y los obstáculos para una participación en igualdad de condiciones en la vida pública. Estos retos tienen su origen en el despojo histórico, la marginación y los malentendidos persistentes en torno al concepto de «pueblos indígenas» en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de las comunidades de pueblos indígenas siguen padeciendo pobreza extrema, exclusión social y dependencia de la ayuda del Gobierno, a menudo ligadas a la pérdida de los medios de vida tradicionales y a la falta de oportunidades de empleo.
El informe final de mi misión de visita al país concluía con una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno y a otras partes interesadas, que espero que se tengan debidamente en cuenta y se pongan en práctica, y que contribuyan a reforzar aún más la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
Quiero dar las gracias una vez más al Gobierno, a los pueblos indígenas de Botsuana y a todos aquellos que han colaborado o apoyado mi misión.
GRACIAS
