El presente informe del Relator Especial, originalmente publicado en una versión sin editar el 4 de marzo de 2011, es el resultado de un intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Guatemala y otros actores relevantes, así como de la visita oficial del Relator Especial al país en junio de 2010.
Estas observaciones se centran en la crucial cuestión de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de los proyectos extractivos y de otro tipo que afectan directamente a sus territorios tradicionales. En el anexo de este informe, el Relator Especial se enfoca en el caso específico de las comunidades afectadas por la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, Departamento de San Marcos.
Actualmente en Guatemala, las actividades empresariales en curso en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas han generado un ambiente altamente inestable de conflicto social, que está teniendo un grave impacto en los derechos de los pueblos indígenas y amenazando la gobernabilidad y el desarrollo económico del país. Las repercusiones incluyen numerosas denuncias sobre los efectos en la salud y el medio ambiente de los pueblos indígenas como resultado de la contaminación causada por las actividades extractivas; la pérdida de tierras indígenas y daños a la propiedad y viviendas de los pueblos indígenas; la respuesta desproporcionada a actos legítimos de protesta social, y el acoso y los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
En el informe, el Relator Especial expresa su grave preocupación por esta situación e insta al Gobierno y a otras partes interesadas, incluidas las empresas, a tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de los pueblos indígenas afectados. El debate actual se ha centrado en la falta de consulta a los pueblos indígenas sobre los proyectos, agravada por la ausencia de regulaciones nacionales sobre consulta y una serie de malentendidos sobre el contenido y alcance de las normativas existentes.
En estas observaciones, el Relator Especial espera contribuir al debate con varias consideraciones y recomendaciones específicas, a la luz de los instrumentos internacionales que regulan la consulta a los pueblos indígenas y que son vinculantes para Guatemala. Además, el Relator Especial identifica otros problemas fundamentales que, en su opinión, también han contribuido a la actual situación de inestabilidad. En particular, enfatiza la alarmante falta de protección legal de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales, lo que deja a Guatemala rezagada respecto a otros países de la región que han avanzado en ese aspecto.
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