El primer informe del Relator Especial, Albert K. Barume, que presenta al Consejo de Derechos Humanos, ofrece un análisis temático del reconocimiento de los Pueblos Indígenas a nivel mundial, buscando facilitar su comprensión y adopción por los Estados. A casi 20 años de la Declaración de la ONU, la falta de entendimiento de la expresión “Pueblos Indígenas” sigue limitando su aplicación, especialmente en África y Asia.
El informe subraya que los Estados tienen la obligación de reconocer a los pueblos indígenas como titulares de derechos específicos e inherentes del derecho internacional.
Un aspecto crítico abordado es la amalgama entre Pueblos Indígenas y “comunidades locales”, que el Relator Especial califica de incorrecta y peligrosa. Esta fusión puede debilitar la protección jurídica de los derechos específicos de los Pueblos Indígenas.
El informe insta a incorporar plenamente la Declaración en la legislación nacional y adoptar medidas legislativas y administrativas para su aplicación, en colaboración con los Pueblos Indígenas.
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