El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, S. James Anaya, presenta sus observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la región amazónica, particularmente en relación con los enfrentamientos ocurridos el 5 de junio de 2009 y los acontecimientos de los días inmediatamente posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, departamento de Amazonas, que resultaron en un número de muertes y heridos. Estas observaciones son el resultado de un intercambio de información con el Gobierno del Perú y otras partes interesadas, así como de su visita al Perú del 17 al 19 de junio de 2009. El propósito de la visita fue observar, comprender y analizar la situación que se había suscitado en el área alrededor de la ciudad de Bagua y en las provincias de Bagua y Utcubamba, y los acontecimientos que condujeron a esta situación. El Relator Especial considera que la invitación del Gobierno peruano para visitar el país y la cooperación que recibió durante su visita han sido una muestra de buena voluntad y apertura.
Durante su visita, el Relator Especial pudo ampliar su conocimiento de la situación y entablar un diálogo constructivo con representantes del Gobierno, con miembros de organizaciones y pueblos indígenas y con la sociedad civil en la región de Bagua y en otros lugares, y tras su visita continuó recibiendo amplia información de diversas fuentes sobre los acontecimientos posteriores a los sucesos del 5 de junio. El Relator Especial expone una serie de conclusiones y recomendaciones concernientes a las medidas que podrían contribuir a la búsqueda de soluciones constructivas en el marco de las normas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Recomienda que se establezca una comisión especial e independiente para esclarecer los sucesos del 5 de junio de 2009 y los días subsiguientes, que esté integrada por diversas instituciones que gocen de credibilidad ante todas las partes involucradas y por representantes indígenas. Además, recomienda que miembros de la comunidad internacional participen en el trabajo de la comisión especial. El Relator Especial también formula recomendaciones específicas con respecto a la realización de un proceso de consulta adecuado y la revisión de los cargos penales contra los líderes indígenas. Una de las observaciones generales del Relator Especial es la ausencia de un mecanismo adecuado para abordar el derecho legítimo de los pueblos indígenas a ser consultados y para proteger sus derechos sobre sus tierras y territorios, lo cual ha sido un factor en la sensación entre los pueblos indígenas de que carecen de opciones adecuadas para defender sus derechos.
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