Este informe presenta las conclusiones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, como parte del seguimiento de las recomendaciones formuladas en 2004 por el anterior Relator Especial, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Estas conclusiones son el resultado de un intercambio de información con el Gobierno de Colombia y otras partes interesadas y de la misión llevada a cabo por el Sr. Anaya entre el 22 y el 27 de julio de 2009.
El Relator Especial toma nota de la disposición del Gobierno de Colombia a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Es evidente que Colombia está comprometida en el tratamiento de los asuntos relativos a los pueblos indígenas y en el desarrollo de planes y propuestas en respuesta a las recomendaciones del anterior Relator Especial. Sin embargo, el Relator Especial expresa su preocupación por los múltiples indicios de que la grave situación de los pueblos indígenas en Colombia no ha sido abordada con el nivel de urgencia que merece. En general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no garantizan una protección efectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia.
Además, es evidente que la situación de los indígenas se ve agravada por el conflicto armado interno que actualmente asola Colombia. Según la mayoría de los indicadores, ese conflicto armado está afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. El Relator Especial recibió informes sobre una situación cada vez más preocupante de violencia y otros delitos contra los pueblos indígenas, así como casos de desplazamiento forzado y confinamiento, que amenazan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
Es evidente que existe un alto nivel de compromiso en materia indígena por parte del Estado de Colombia, demostrado por el desarrollo de planes y propuestas en respuesta a las recomendaciones del anterior Relator Especial. Sin embargo, siguen existiendo grandes retos que el Gobierno debe afrontar si quiere cumplir con su obligación de proteger y promover efectivamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la tierra, los recursos naturales y la consulta previa con ellos sobre las decisiones que les afectan. Además, en general existen diferencias significativas en cuanto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales entre los pueblos indígenas y la población de Colombia en su conjunto.
El Relator Especial presenta una serie de recomendaciones orientadas a enfrentar dichos desafíos y avanzar realmente en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, de conformidad con las obligaciones y compromisos del Estado en la materia.
| Árabe | Chino | Inglés | Francés | Ruso | Español |
Cargando...
Recargar el documento 
Abrir en una nueva pestaña 
