Este informe contiene las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre la situación de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en Australia. El informe se basa en los intercambios de información con el Gobierno, los pueblos indígenas y otras partes interesadas, incluso durante la visita del Relator Especial a Australia del 17 al 28 de agosto de 2009.
Los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que han sufrido una historia de opresión y discriminación racial que incluye actos de genocidio, como la expulsión de los niños indígenas de sus hogares, así como el despojo de sus tierras, sufren hoy graves desventajas en comparación con los australianos no indígenas.
Hay que elogiar al gobierno de Australia por las diversas iniciativas y programas que ha puesto en marcha en los últimos años para abordar la cuestión de los derechos humanos de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El Relator Especial toma nota en particular de las expresiones de compromiso realizadas por el Gobierno con miras a la reconciliación con los pueblos indígenas, incluida la “Disculpa Nacional” de 2008, y su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También le complace tomar nota del importante objetivo fijado de eliminar las desventajas sociales y económicas significativas a las que se enfrentan los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en ámbitos clave, como la primera infancia, la escolarización, la salud, la participación económica, un hogar sano, comunidades seguras y gobernanza y liderazgo, para el año 2020, y de los recursos comprometidos por el Gobierno a tal fin.
No obstante, en su informe, el Relator Especial observa que, en general, es necesario incorporar a los programas gubernamentales un enfoque más integrado para abordar las desventajas de los indígenas en todo el país, un enfoque que no sólo promueva el bienestar social y económico de los pueblos indígenas, sino que también fomente su autodeterminación y fortalezca sus lazos culturales. El Gobierno debe tratar de incluir en sus iniciativas el objetivo de promover la autodeterminación indígena, en particular fomentando el autogobierno indígena a nivel local, garantizando la participación indígena en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los programas y promoviendo programas culturalmente apropiados que incorporen o se basen en las propias iniciativas de los pueblos indígenas. Además, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los recursos y los sitios patrimoniales, y asegurar que los pueblos indígenas que viven en zonas remotas puedan disfrutar de los mismos derechos sociales y económicos que otros segmentos de la población australiana, sin tener que sacrificar aspectos importantes de sus culturas y modos de vida. Especialmente preocupante es la Respuesta de Emergencia del Territorio del Norte, tratada en el apéndice B, que, en varios aspectos, limita la capacidad de las personas y comunidades indígenas para controlar o participar en las decisiones que afectan a sus propias vidas, haciéndolo de una forma que discrimina por motivos de raza, lo que plantea graves problemas de derechos humanos.
El Relator Especial ofrece una serie de recomendaciones con la esperanza de que ayuden a orientar al Gobierno de Australia, a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y a otras partes interesadas para desarrollar e implementar leyes, políticas y programas que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos relacionadas con los pueblos indígenas.
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