En el presente informe, que ha sido actualizado desde que la versión preliminar sin editar se hiciera pública el 17 de febrero de 2011, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas examina la situación del pueblo maorí en Nueva Zelanda basándose en la información recibida durante su visita al país del 18 al 23 de julio de 2010 y en investigaciones independientes. La visita se llevó a cabo como seguimiento a la visita de 2005 del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen. El enfoque principal del informe es un examen del proceso para resolver las reclamaciones históricas y contemporáneas basadas en el Tratado de Waitangi, aunque también se abordan otras cuestiones clave.
Especialmente en los últimos años, Nueva Zelanda ha realizado avances significativos para promover los derechos del pueblo maorí y abordar las preocupaciones planteadas por el anterior Relator Especial. Estos incluyen la expresión de apoyo de Nueva Zelanda a la Declaración de las Naciones Unidas sobre discreción. Asimismo, la nueva Ley de Áreas Marinas y Costeras, adoptada el 31 de marzo de 2011, debería implementarse en consonancia con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos tradicionales.
Además, deberían fortalecerse los esfuerzos para asegurar la participación política maorí a nivel nacional, y el Estado debería prestar especial atención al aumento de la participación maorí en la gobernanza local. Nueva Zelanda también debería asegurar que las consultas con los maoríes sobre asuntos que les afectan se apliquen de manera consistente y de acuerdo con las normas internacionales pertinentes y los procedimientos tradicionales de toma de decisiones maoríes.
El proceso de acuerdo del Tratado en Nueva Zelanda, a pesar de evidentes deficiencias, es uno de los ejemplos más importantes en el mundo de un esfuerzo por abordar las quejas históricas y actuales de los pueblos indígenas, y los acuerdos ya alcanzados han proporcionado beneficios significativos en varios casos. Sin embargo, es necesario tomar medidas para fortalecer este proceso. Es necesario asegurar la financiación del Tribunal de Waitangi para que pueda resolver su carga pendiente de casos históricos de manera eficiente y oportuna.
Además, con respecto a las negociaciones de acuerdos del Tratado, el Gobierno debería hacer todo lo posible por involucrar a todos los grupos que tengan un interés en los asuntos bajo consideración. Asimismo, el Relator Especial alienta al Gobierno a mostrar flexibilidad en sus posiciones durante las negociaciones de acuerdos. En consulta con los maoríes, el Gobierno debería explorar y desarrollar medios para abordar las preocupaciones maoríes con respecto al proceso de negociación de acuerdos del Tratado, especialmente el percibido desequilibrio de poder entre los negociadores maoríes y del Gobierno.
Finalmente, el Relator Especial no puede dejar de notar la extrema desventaja en las condiciones sociales y económicas del pueblo maorí en comparación con el resto de la sociedad neozelandesa. Si bien se han logrado algunos avances positivos desde la visita del anterior Relator Especial, queda más por hacer para lograr la mayor paridad social y económica que es necesaria para que los maoríes y los neozelandeses no maoríes avancen como verdaderos socios en el futuro, tal como se contempla en el Tratado de Waitangi. los Derechos de los Pueblos Indígenas, sus pasos para derogar y reformar la Ley de Zonas Costeras y Fondos Marinos de 2004, y sus esfuerzos para llevar a cabo un proceso de revisión constitucional con respecto a cuestiones relacionadas con el pueblo maorí.
Los esfuerzos adicionales para promover los derechos maoríes deberían consolidarse y fortalecerse, y el Relator Especial continuará monitoreando los desarrollos en este sentido. El Relator Especial enfatiza la necesidad de que los principios consagrados en el Tratado de Waitangi y los derechos humanos protegidos internacionalmente relacionados sean proporcionados con seguridad dentro del sistema legal interno de Nueva Zelanda para que estos derechos no sean vulnerables a la política
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